Ser el abogado del presidente del Santander Central Hispano (SCH) y del Grupo Santander, Emilio Botín, no es asunto fácil. Uno de los tres hombres más ricos de España, poderoso y peculiar, está acostumbrado a mandar. Y de qué manera. Sus ejecutivos, entre los mejor pagados de este país y de Europa, no tienen horarios. Sus abogados, los del caso de las jubilaciones millonarias de Amusátegui y Corcóstegui, tampoco. Son los mejores, pero don Emilio paga y exige.
Para el juicio que estos días se celebra en la Audiencia Nacional, Botín contrató al número uno, el único abogado que despierta unanimidad como persona y profesional: Gonzalo Rodríguez Mourullo. Desde que el pasado 26 de enero comenzó el juicio, Rodríguez Mourullo se sienta en el banco de la defensa con el prestigioso exjuez, Carlos Bueren, y el eficaz Jesús Remón. Ambos de Uría y Asociados , bufete habitual del Santander.
Es obvio que la defensa de Botín no comparte que defender al banquero sea difícil. Eso se susurra entre otros letrados: "Botín trata de imponer sus criterios. A veces exige cosas asombrosas". Ejemplo. Entre las exigencias de don Emilio está la comparecencia, como testigo, del presidente de la patronal de la banca (AEB), José Luis Leal. Para asombro e irritación de los otros bancos que cotizan a la AEB como el Santander, Leal irá hoy a declarar a petición de la defensa del presidente del Santander y no de sus dos excompañeros, el excopresidente José María Amusátegui (43,7 millones de euros de jubilación) y el exconsejero delegado, Angel Corcóstegui (108 millones).
El excopresidente del SCH, Amusátegui, es otro banquero acostumbrado a mandar. Le defiende Ramón Hermosilla. ¿Tiene cada acusado --Botín, Amusátegui y Corcóstegui-- el abogado que se merece? "En parte sí. Tienen el abogado que se han buscado y que pueden pagar. Todos caros", explica otro letrado. En cuanto a si tienen al abogado que se merecen, "también en cierta forma es así. Todos sabemos que Hermosilla no hubiera podido defender a Botín. Se habría producido un choque por sus caracteres", comenta un defensor.
Angel Corcóstegui, exvicepresidente y exconsejero delegado del SCH, buscó como abogado un despacho de trayectoria más joven y casi igual de prestigioso, como es el del exfiscal anticorrupción Javier Sánchez Junco. Puede que "algo más barato, pero poco menos" que los de Uría y Hermosilla. Nadie revela su minuta, pero según algunas fuentes, es probable que los letrados cobren lo mismo, ganen o pierdan. La llamada cuota litis (cobrar un porcentaje acorde con la cantidad en juego), está prohibida en España.
La presencia de José Manuel Gómez Benítez entre los abogados de la acusación ha sembrado inquietud entre los defensores. El catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III, que se hizo cargo del caso cinco días antes de que se iniciara el juicio, es una firma de reconocido prestigio. Rafael Pérez Escolar --un nombre maldito para el Santander, condenado por la justicia, inhabilitado y, junto con Franco Otegui, obsesionado por vengarse de Botín--le convenció para que se hiciera cargo de la acusación. Pero el nuevo abogado de la acusación está a salvo del desprestigio de los acusadores habituales --Pérez Escolar y Otegui-- y es reconocido por sus colegas. ¿Qué hace un profesional de sus características mezclado con los otros personajes? "La propuesta era un reto y me parece un caso apasionante --afirma Gómez Benítez--. Su resolución tendrá transcendencia de futuro para lo que puedan y no puedan hacer las empresas cotizadas".
Presiones
Benítez tiene su cátedra en la Universidad Carlos III y es conocido que al rector, Gregorio Peces-Barba, no le ha gustado nada la decisión de Benítez de meterse en ese lío. "Es verdad que he recibido presiones. Pero ya he explicado cuál es mi posición. Para mí, es intranscendente quién es el acusador. Lo importante es que un juez y una sala han dictado que hay indicios de criminalidad suficientes para sentar en el banquillo a los tres acusados. Soy un especialista en apropiación indebida y administración desleal. Lo saben todos mis colegas", explica. El abogado no discute que la fusión fuera un éxito, pero eso no justifica los pagos, y subraya su buena opinión sobre la defensa, pero también la desigualdad de fuerzas. "Ellos tienen ocho catedráticos de derecho mercantil. Yo no he podido encontrar ni uno".
José Manuel Gómez Benítez pasará su minuta a través del Estudio Jurídico de la Universidad Carlos III, que se queda con el 15% de los pagos para investigación y biblioteca.
