El Ministerio de Trabajo está haciendo malabarismos para encajar en el texto articulado de reforma laboral los tres tipos de contrato con indemnización limitada que ha propuesto la patronal CEOE. Los sindicatos ya han avisado de que el diálogo social puede bloquearse si el Gobierno acepta la reducción de los costes de despido que piden los empresarios.

El presidente del Gobierno recomendó el pasado jueves a los líderes sindicales y patronales, Cándido Méndez, José María Fidalgo y José María Cuevas, que aceleren el proceso de negociación de la reforma laboral. Esa misma tarde, el secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, se reunió con UGT y CCOO para presentarles los primeros capítulos del anteproyecto de ley que cambiará el mercado de trabajo, y se comprometió a tener listo el texto a finales de mes para intensificar en julio las negociaciones con la patronal y las centrales sentadas en la misma mesa.

Pero las posiciones siguen muy alejadas. Pese a no haber ninguna propuesta empresarial por escrito, el Gobierno ha transmitido a los sindicatos que la CEOE quiere implantar tres medidas para bajar los costes del despido: junto a la anunciada extensión a todos los nuevos trabajadores indefinidos del contrato de fomento del empleo con 33 días de indemnización por año trabajado, la CEOE pide un nuevo contrato estable de duración determinada con indemnización un 20% más baja que el anterior, y otro para empresas con menos de 50 empleados, cuya compensación por despido no superaría los 20 días por año trabajado.

Según los sindicatos, el Gobierno se muestra favorable a la universalización del contrato de 33 días. Asimismo, los ministerios de Economía e Industria ven con buenos ojos el contrato de duración determinada que planteó la patronal del automóvil Anfac e hizo suyo el presidente de la CEOE, José María Cuevas. Es un tipo de relación laboral que termina cuando finaliza la tarea encomendada.

Pero las centrales han rechazado todas estas ideas, al igual que otras como la de que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) se haga cargo de una parte de las indemnizaciones por despido en empresas con menos de 50 trabajadores. El Fogasa, sin embargo, sí asume ya parte de este coste en las regulaciones de empleo de pequeñas sociedades con menos de 25 empleados.