«Autónomos, tenemos un problema», fue uno de los mensajes entre líneas que la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, dejó entrever en sus primeras intervenciones. El nuevo Gobierno del socialista Pedro Sánchez parece dispuesto a afrontar una de las asignaturas que el mercado laboral español tiene pendientes: la reforma del sistema de cotizaciones de los trabajadores autónomos. El reto no es nuevo, al igual que la línea en la que está planteando el Ejecutivo este desafío, haciendo suya una de las conclusiones del último informe del Pacto de Toledo: «Las bases de cotización de los trabajadores autónomos se debían adecuar desde el inicio de su actividad a los rendimientos de la misma».

«España es la única de entre las economías más desarrolladas de la Unión Europea (UE) en la que los trabajadores autónomos no conviven con una fiscalidad proporcional a sus ingresos, lo que plantea una serie de déficits en el conjunto de la Seguridad Social», afirma el profesor titular de la Universidad Pompeu Fabra Josep Fargas. Uno de ellos es el déficit de las pensiones.

«Tenemos la obligación de equilibrar el sistema de aquí al año 2022 o 2023, para que cuando llegue el impacto que van a generar las jubilaciones del baby boom tengamos un sistema lo más saneado que sea posible», afirmó la ministra Valerio en su primera comparecencia en la comisión del Pacto de Toledo. La contribución a tal aspecto desde el colectivo de autónomos es, estadísticamente, negativa. La Seguridad Social, según la última memoria, cerró junio con una previsión de ingresar el 34,9% menos de un trabajador autónomo que de uno del régimen general.

Jubilación / Números que se reflejan en las pensiones. Mientras la pensión media de jubilación de un asalariado era a fecha de 30 de junio del 2018 de 1.227,49 euros, la de un autónomo fue de 723,20 euros. Una cifra 1,7 veces inferior, que se explica por una menor cotización durante la mayor parte de la vida laboral y que motiva que «al menos cuatro de cada 10 autónomos jubilados tengan complementos a mínimos en su pensión, lo que refleja hasta qué punto llegan a jubilarse con aportaciones a la Seguridad Social reducidas», afirma el profesor Fargas.

La menor proporción de ingresos de los 3.263.522 autónomos frente a los 15.537.306 asalariados que había en junio está directamente relacionada con la actual legislación. «La elección de bases, y la cotización mayoritaria por base mínimas ocasiona el desequilibrio financiero del RETA», era otra de las conclusiones del último informe del Pacto de Toledo.

Ante los movimientos del Gobierno, las organizaciones de autónomos han desplegado sus propuestas. De esta manera, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), dos de las tres grandes agrupaciones, han consensuado la suya. Esta se basa en cinco tramos de ingresos, desde menos del salario mínimo interprofesional hasta más de 60.000 euros, que cotizarán conforme a una base proporcional a dichos ingresos.

Uno de los aspectos que ha generado controversia, incluso interna, en dicho acuerdo es la voluntariedad de adscribirse a los tramos. Es decir, que un trabajador que gane más de 60.000 euros puede decidir acogerse al tramo mínimo, a los medianos o al máximo. Desde ATA, para quién dicha condición era una «línea roja», esto es algo imprescindible para responder a las demandas de «heterogeneidad» y «flexibilidad en la planificación», según explica su presidente, Lorenzo Amor.

«Sin progresividad no es posible un sistema de cotizaciones solidario», critica el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo.