El traslado de la sede social y fiscal de 3.000 empresas fuera de Cataluña en poco más de dos meses es una amenaza para la recuperación económica catalana, aunque sin excesivas consecuencias para los ingresos tributarios de la Generalitat. En el País Vasco, sin embargo, el traslado fiscal de una sola empresa, como la fábrica de Mercedes-Benz en Vitoria, sí puede llegar a suponer una fuerte sacudida para las arcas públicas de alrededor de 200 millones (cantidad equivalente al 25% de la recaudación total de Álava por IVA o al 1% de la recaudación total del Gobierno vasco).

En la Diputación Foral de Álava y en el propio Ejecutivo vasco se está a la espera de una negociación con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que sirva para compensar los perjuicios del agujero fiscal que puede desencadenar tal decisión empresarial. El retraso de esta negociación empieza a generar nerviosismo entre las autoridades vascas al tiempo que hay voces, como la del delegado del Gobierno en Euskadi, Javier de Andrés, que recuerdan que la posibilidad de merma recaudatoria forma parte del carácter del «riesgo unilateral» en el que se basa el modelo del concierto vasco.

REGLAS DEL CUPO / Mercedes-Benz no es una empresa cualquiera en el País Vasco. La fábrica de furgonetas que la firma alemana posee en Vitoria emplea a 4.500 personas, con una producción que representa el 3% del PIB.

Tampoco habría que hablar de una fuga fiscal. Al menos así lo explica la propia firma de vehículos, donde se presenta el traslado de obligaciones fiscales como simple consecuencia de la decisión adoptada en el 2016 por la matriz alemana Daimler AG de reorganizar sus filiales en el extranjero separando sus unidades de negocio en sociedades independientes. «La central no actúa por motivos fiscales ni políticos, sino estratégicos», afirman fuentes de la compañía.

No se trata de una comunidad autónoma de régimen común. En Euskadi rigen las leyes del concierto y del cupo vasco que, básicamente, implican que las haciendas forales recaudan todos los impuestos y luego pagan al Estado una cantidad (cupo) por las competencias no asumidas (como defensa). Precisamente, la semana pasada se aprobó en el Senado definitivamente la nueva ley del concierto vasco para el quinquenio 2017-2021 con los únicos votos en contra de Ciudadanos y Compromís, para quienes el cupo consagra un régimen de privilegios para los territorios forales (País Vasco y Navarra), que no contribuyen como las demás comunidades a la solidaridad con el resto del territorio.

Al hilo de este debate, los parlamentarios vascos han subrayado el carácter «unilateral» del modelo, que lleva a que Euskadi tenga que encajar los vaivenes de la recaudación «sin posibilidad de acudir al rescate del fondo de liquidez Autonómica (FLA)» que sí ha beneficiado a otras autonomías. Por eso despierta interés conocer si la solución para lo que algunos llaman ya caso Mercedes-Benz tomará, o no, ribetes de rescate financiero del Gobierno.

Existe el antecedente de Navarra y su deuda pendiente de pago a Hacienda por el IVA relacionado con la fábrica de Volkswagen en Landaben. Aquella negociación se saldó a favor de las demandas navarras con una solución que fue interpretada como un rescate en toda regla.

Fuentes de la Diputación de Álava explican que están a la espera de empezar a negociar con Montoro alguna de las «tres propuestas técnicas» que la parte vasca ha puesto sobre la mesa. Se trata de una negociación «a tres» bandas en la que también está implicada la multinacional.