Partidos políticos y agentes sociales fueron ayer unánimes a la hora de manifestar su preocupación por la transferencia del servicio de inspección de Trabajo a Andalucía y Cataluña en virtud de sus recién reformados estatutos. También estuvieron de acuerdo en que, si esta cesión se generaliza al resto de las autonomías, podría provocar dumping social entre las empresas, ya que una compañía podría obtener mejor trato en un lugar que en otro.
Durante unas jornadas organizadas por Mapfre sobre la inspección de trabajo, los participantes arremetieron contra el hecho de que no se haya previsto una coordinación entre autonomías para lograr un servicio integral.
