Por segunda vez en esta legislatura tras la suspensión del aprobado a la opa de Gas Natural sobre Endesa, el Tribunal Supremo anuló ayer una decisión del Gobierno. La mayoría de los 35 miembros de la sala tercera de lo contencioso-administrativo del alto tribunal consideran que el real decreto que autorizó el traslado de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) de Madrid a Barcelona es "contrario a derecho" por sus defectos de "forma y procedimiento".

Aunque las salvedades que llevan a los magistrados a anular la medida son formales y subsanables --el Gobierno ya anunció ayer que redactará un nuevo decreto--, el fallo cayó ayer como un jarro de agua fría en Cataluña. La ubicación de la CMT en Barcelona era el primer y tímido paso que había dado la Administración pública española en el camino de la descentralización.

Los magistrados no entraron a enjuiciar el fondo de la cuestión: si el Gobierno tiene o no facultades para ordenar el traslado de un ente regulador, que no forma parte de la Administración, pero sí se integra en la estructura del Estado. Analizaron la cuestión formal: si el real decreto de diciembre del 2004 reunía o no los requisitos. Fundamentalmente, por las dos memorias que deben acompañar a la disposición legal, y que, en este caso, son "muy sucintas e insuficientes" para explicar el traslado, según las fuentes jurídicas consultadas.

Una vez se haya redactado correctamente el texto, la anulación del traslado quedará subsanada. Ahora bien, si la Comunidad de Madrid y los empleados de la CMT recurren, cosa que ocurrirá, el Supremo entrará en el fondo de la cuestión.

En un primer momento, en la Moncloa cundió el pánico. Pero el Ministerio de Industria aclaró que la CMT seguiría en Barcelona. Según el Gobierno, el alto tribunal "no anula el traslado", solo advierte de que la norma contiene "errores", aunque "subsanables". "Tranquilidad absoluta", dijeron en la Moncloa.