Los poderes especiales que otorga la legislación española al Gobierno en las antiguas empresas públicas privatizadas, conocidos bajo el nombre de acción de oro , son compatibles con la legislación comunitaria, según concluyó ayer el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE. Las medidas son "justificadas y proporcionadas", precisa.
La denominada acción de oro española se aplica en Repsol, Telefónica, Argentaria, Tabacalera y Endesa y somete a una autorización gubernamental previa las decisiones importantes de la compañía (disolución, escisión, fusión, cambio de actividad, venta de activos y de acciones).
La recomendación del abogado general, en la que se basará la sentencia del Tribunal Europeo, rechaza la demanda de la Comisión Europea para ilegalizar esas normas españolas. El informe se basa en la reciente jurisprudencia del propio tribunal, que avaló el régimen belga sobre la acción de oro el 4 de junio del 2002.
La normativa española persigue razones imperiosas de interés general. Además, tiene un carácter transitorio y que la decisión gubernamental puede recurrirse.
