La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, advirtió ayer, durante su visita al salón inmobiliario Barcelona Meeting Point, que las "autonomías deben garantizar la función social de la vivienda" y que tienen competencia exclusiva para lograr este objetivo. La advertencia venía acompañada de un espaldarazo al responsable de Vivienda de la Generalitat catalana, que el lunes anunció medidas para lograr que salgan al mercado pisos casi siempre vacíos.
Trujillo señaló que la apuesta del Gobierno central para que afloren los miles de pisos desocupados que hay en España ha sido crear la Sociedad Pública de Alquiler, para facilitar el arrendamiento de estos inmuebles con la garantía del sector público para sus propietarios.
El ministerio solamente establece el principio general de que la vivienda tiene una función social, que se cumple cuando está habitada, pero Trujillo añadió que los instrumentos para garantizar esta misión dependen de las autonomías, que pueden elegir los sistemas que crean más convenientes.
La ministra anunció que el Gobierno está preparando una nueva ley del suelo, que asegure también la función social de "este bien escaso", impida la especulación con el mismo, y haga compatible el derecho a la propiedad con otros derechos básicos como el acceso a una vivienda digna, un desarrollo urbano sostenible y el respeto al medio ambiente. La nueva ley incluirá también el principio de accesibilidad universal a la vivienda y a los equipamientos urbanos.
Trujillo hizo estas declaraciones tras la presentación del Atlas Estadístico de las Areas Urbanas en España en el 2004 , donde también anunció que la Administración central ha comprometido ya más de ocho millones de metros cuadrados de su suelo para construir 30.000 viviendas de protección oficial y otros edificios destinados a actividades de interés social destinados a fines sociales, deportivos y educativos.
