Mientras el Gobierno estudia medidas para compensar a los agricultores por el disparo del precio de los carburantes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) confirmó ayer la ilegalidad de una parte de las ayudas concedidas en el 2000 para compensar la anterior alza del gasóleo. El Tribunal Europeo rechazó los argumentos del Gobierno para justificar la bonificación de préstamos y garantías a las explotaciones agrarias y la prórroga durante dos años de la reducción de la tributación en la venta de fincas rústicas y explotaciones agrarias.
La sentencia ratifica la decisión de la Comisión Europea de diciembre del 2002 de exigir al Gobierno la recuperación de las bonificaciones y ventajas fiscales concedidas a los agricultores mediante las dos medidas ilegales.
LO AUTORIZADO El Ejecutivo comunitario avaló en esa fecha una parte de las ayudas concedidas por el Gobierno del PP al sector agrario para compensar el alza del 47% del precio del gasóleo: reducción de los rendimientos agrícolas y ganaderos en el impuesto sobre la renta, reducción de las cuotas trimestrales del impuesto sobre el valor añadido y aumento del porcentaje de gastos de difícil justificación en la renta.
Sin embargo, la Comisión Europea estimó que la bonificación de los préstamos y la prórroga durante el 2000 y el 2001 de la reducción de la tributación de las plusvalías por la venta de fincas eran ayudas públicas ilegales incompatibles con el mercado común europeo.
El Tribunal de la UE concluyó que las dos medidas suponen una ventaja para los agricultores españoles frente a sus competidores del resto de países comunitarios y un trato de favor a las empresas agrícolas frente al resto de sectores españoles.
MALA JUSTIFICACION La sentencia afirma que el Gobierno no ha sabido justificar que esas medidas constituyeran una ayuda para la inversión. La sentencia precisa también que el Gobierno además no explica en qué se basan las cifras que indica sobre la repercusión del alza de los carburantes en los costes de producción agraria.
"No presenta ninguna cifra comparativa sobre la relación entre el importe de la ayuda que se deriva de la bonificación fiscal y las pérdidas", lamentó el Tribunal europeo. "Por consiguiente, España no ha demostrado que la ayuda otorgada tuviera por objeto compensar directamente los daños causados por la subida del precio de los carburantes", concluye el texto de la sentencia.
Asimismo, el Tribunal de la UE también desestimó el argumento español de que la rebaja fiscal del gasóleo que aplicaron Italia, Francia y Alemania supuso una ventaja mayor para los agricultores de esos países en los que se llevó a cabo que las medidas cuestionadas en España.
