El Gobierno de España ha anunciado que presentará un recurso, ante el Tribunal de Luxemburgo, por la decisión de la Comisión Europea de exigir la devolución de 117 millones de euros de las ayudas concedidas al sector del lino entre 1998 y el 2000. En este periodo, las subvenciones europeas percibidas por los cultivadores extremeños de lino rondan los 10 millones de euros.
España ha descartado apelar, por segunda vez, a un órgano de conciliación. En diciembre, la Comisión Europea ya recibió un informe el que se apuntaba que existían algunos defectos de forma en el proceso y señalaba que no se reunían las condiciones para reclamar la devolución del 100% de las ayudas pagadas en ese periodo. "Ante esta situación, el Ministerio de Agricultura podía optar de nuevo por la vía de la conciliación o esperar a recibir la decisión del Colegio de Comisarios y recurrir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es lo que va a hacer. No es algo nuevo. El Gobierno ya dejó clara su posición en este asunto", señaló el consejero de Agricultura, José Luis Quintana.
LA UE Y EL FRAUDE La Comisión Europea requiere la devolución de las ayudas en base a lo que considera que fue un cobro fraudulento de ayudas descubierto en 1999. Extremadura fue una de las comunidades que alertó de algunas anomalías en los pagos efectuados.
En la región, el mayor volumen de subvenciones se concedió en la campaña de 1999 con 6,4 millones de euros (1.065 millones de pesetas). Ese año se produjo un incremento de un 104% respecto a las ayudas otorgadas en 1988, algo más de 3 millones de euros (552 millones de pesetas). Tras la investigación abierta por la Oficina Europea Antifraude (Olaf), el cultivo del lino sufrió un claro retroceso en Extremadura, y en el año 2000 las subvenciones fueron sólo de 0,25 millones de euros, tras reducirse en un 75% el número de cultivadores extremeños.
