Tras cuatro años de negociaciones y 12 horas de debate ininterrumpido, los ministros de Trabajo de la Unión Europea (UE) cerraron en la madrugada del martes el acuerdo que permitirá ampliar la semana laboral desde las 48 horas actuales hasta un máximo de 65 horas si trabajador y empresario se ponen de acuerdo. Se trata de uno de los principales elementos previstos en la reforma de la directiva sobre tiempo de trabajo que todavía deberá recibir luz verde de la Eurocámara para ser aprobada. España, que ve el acuerdo como una "regresión" y se abstuvo en el voto, intentará corregir la nueva legislación durante la tramitación parlamentaria.
Según el compromiso, la semana laboral podrá ser de 48 horas semanales. Sin embargo, si un empresario y un trabajador, a título individual, se ponen de acuerdo, la jornada de este último podrá prolongarse hasta las 60 horas semanales --calculadas como media durante un periodo de tres meses-- e incluso hasta las 65 en el caso de sectores como la sanidad. Una flexibilidad reivindicada desde hace años por países como Reino Unido, Alemania y los nuevos estados miembros de la Europa del Este.
Como medida de protección frente a posibles presiones de los empresarios, la nueva legislación prevé algunas garantías para los trabajadores. Por ejemplo, la empresa estará obligada a obtener el consentimiento por escrito del trabajador. Este documento tendrá una validez de año y medio y no podrá ser concedido ni en el momento de la firma del contrato ni durante las cuatro primeras semanas de la relación laboral. Asimismo, los empresarios tendrán que mantener registros sobre las horas trabajadas por estos empleados.
Además, tal y como quería Francia, la directiva se aplicará a todos los contratos de más de 10 semanas de duración, en vez de a aquellos de más de 4 meses, como proponía la Presidencia eslovena. Esto significa que los que estén por debajo de dos meses y medio no estarán cubiertos por la normativa y no tendrán limitaciones de tiempo de trabajo.
El acuerdo fue posible gracias al cambio de posición de Francia e Italia, que decidieron abandonar, tras la llegada de Sarkozy y Berlusconi al poder, la minoría de bloqueo favorable a la Europa social en la que se encuentra España. Según lamentó ayer desde Ginebra el titular de Empleo, Celestino Corbacho, el texto aprobado por la UE supone "una regresión" respecto a la directiva de 1993, que establecía una jornada máxima de 48 horas.
Pese a la dura oposición que mantuvo, la delegación española se abstuvo durante la votación, junto a otros seis estados, y suscribió una declaración en la que solicitan a la Eurocámara que mejore el texto. El documento lo suscribieron también Bélgica, Chipre, Grecia, Hungría, Malta y Portugal. "Los siete mostramos nuestro desacuerdo con la normativa y pedimos al Parlamento que se mejore", explicó Corbacho. "Esto permitirá al Parlamento Europeo, en la segunda lectura, saber que está ante una propuesta que no cuenta con la unanimidad del Consejo", añadió.
España está en contra de que se considere como descanso el tiempo que se está en el trabajo pero sin trabajar, como las guardias médicas, y la ampliación de la jornada de 48 horas sin que medie una negociación colectiva. Un ejercicio en el que el ponente de la directiva en la Eurocámara, el socialista extremeño Alejandro Cercas, promete batalla. "Arroja a millones de trabajadores a una incertidumbre total, a un horario de trabajo sin garantías y sin límites, y a un retroceso respecto a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo", criticó. Cercas advirtió de que el resultado "hace extremadamente difícil una conciliación" y lamentó que el Consejo "haya hecho oídos sordos a las demandas de los sindicatos y de la sociedad civil".
