Las Federaciones Agroalimentarias de CC.OO. y UGT han interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para impugnar varios artículos del decreto que regula la renta agraria de los trabajadores eventuales del campo andaluz y extremeño.
En concreto, los sindicatos quieren que desaparezca el requisito de haber estado empadronado en Andalucía y Extremadura un mínimo de diez años para tener acceso a la prestación, una condición que, según CC.OO. y UGT, "atenta contra la libre circulación de trabajadores" y discrimina indirectamente al colectivo de extranjeros.
Asimismo, las centrales pretenden que se elimine el efecto discriminatorio que, a su juicio, supone para la mujer el plazo de inscripción fijado en los mayores de 45 años, ya que su incorporación al mercado laboral puede producirse de forma más tardía tras haber dedicado muchos años a sus responsabilidades familiares.
El último de los apartados recurridos por CC.OO. y UGT se refiere a la limitación temporal establecida para percibir la prestación. La norma señala que los trabajadores sólo podrán tener derecho, como máximo en seis ocasiones, a la nueva renta agraria.
En opinión de los sindicatos, con ello se limita el derecho a percibir la ayuda, con independencia de si los trabajadores cumplen todos los requisitos determinados por ley para cobrar la prestación. Para CC.OO. y UGT, "no hay razón alguna" que justifique este tope temporal, informa E. Press.
"Se dará el caso de trabajadores que, aún teniendo la misma situación y cumpliendo los mismos requisitos, tendrán derecho a la renta agraria, mientras que otros dejarán de percibirla, incluso ante una situación de mayor necesidad en función de la edad, de la situación familiar y de menores oportunidades y alternativas de empleo, produciéndose así un trato desigual", alegan.
