El Tribunal Supremo ha eximido a UGT de pagar indemnizaciones a los afectados de la promotora de viviendas PSV al renunciar los perjudicados a ese derecho en relación con la cooperativa. La Audiencia Nacional condenó a UGT como responsable civil subsidiario y le impuso un pago máximo de 78 millones de euros (12.978 millones de pesetas), lo que obligaba al sindicato a vender su patrimonio histórico y embargar las cuotas de sus afiliados.

El alto tribunal confirmó la decisión de la Audiencia Nacional de condenar al gerente de la gestora IGS, Carlos Sotos, a dos años y cuatro meses de prisión por un delito de apropiación indebida. El fallo absolvió a otros responsables del sindicato y de la promotora de viviendas, Paulino Barrabés y Sebastián Reyna (tesoreros), Fermín Bretón, Francisco Hernández García, Jesús Angel Aina y Primitivo Alvaro.

El Supremo sostiene que "la causa única del perjuicio fue el comportamiento ilícito" de Sotos que desvió el dinero de los cooperativistas para cubrir las necesidades del grupo, "violando el compromiso asumido".

Los jueces también afirman que Carlos Sotos "contaba con el beneplácito" de UGT. Por ello, sostienen que el sindicato debe responder de los daños que se ocasionaron del mismo modo que habría disfrutado de los beneficios. Sin embargo, entiende que esa responsabilidad ha terminado porque los perjudicados han renunciado a la indemnización.

INTERVENCION OFICIAL

El tribunal recuerda que IGS y PSV, al presentar suspensión de pagos, fueron intervenidas por organismos oficiales. "Se arbitraron unos mecanismos para dar salida a la situación de crisis económica, cuyos beneficiosos efectos recayeron en los cooperativistas, que vieron minorados sensiblemente los daños esperados", expone la sentencia.

La cooperativa Promoción Social de Viviendas (PSV) fue impulsada en 1988 por el sindicato UGT con el objetivo de proporcionar viviendas a precios inferiores hasta en un 40% a los del mercado. La idea, que había sido ya aplicada con éxito en Alemania, obtuvo el respaldo de cerca de 20.000 cooperativistas, que dejaron en las arcas de la promotora más de 324 millones de euros (54.000 millones de pesetas). La mala gestión condujo a PSV a declarar la suspensión de pagos en diciembre de 1993.