La mayoría de los países de la Unión Europea (UE) han rechazado de forma clara la ampliación del permiso de maternidad a 20 semanas retribuidas como reclama el Parlamento Europeo, a causa del elevado coste que supondría para las finanzas públicas en el actual momento de crisis y de reducción del déficit público. La propuesta más modesta de la Comisión Europea de ampliar el permiso mínimo de las actuales 14 semanas a 18 tampoco ha encontrado respaldo suficiente en el Consejo de Ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la UE.
El ministro de Trabajo español, Valeriano Gómez, no ha descartado ampliar en el futuro "cuando sea posible" el permiso de maternidad, que en España es de 16 semanas, pero ha subrayado que "ahora no es el momento". La ampliación de las cuatro semanas de permiso que propone la Eurocámara supondría un coste adicional para las arcas públicas españolas de 1.000 millones de euros anuales, ha explicado Gómez.
OPOSICIÓN FRONTAL
Alemania y el Reino Unido han encabezado la oposición a la propuesta de la Eurocámara en el Consejo de Ministros de la UE. Ambos países --junto con Holanda, Suecia, Dinamarca, Eslovaquia, la República Checa y Malta-- han emitido incluso una declaración conjunta en la que consideraban inaceptable la posición de la Eurocámara.
Bélgica, que se responsabiliza de la gestión semestral de la UE, ha anunciado que en las próximas semanas presentará una propuesta de compromiso sobre la base del proyecto de la Comisión Europea y sin incluir la obligación de abonar la totalidad del sueldo a la mujer durante el permiso de maternidad.
REFORMA DE LA JUBILACIÓN
Gómez ha insistido en Bruselas en que es inevitable que España eleve "de forma progresiva" la edad efectiva de jubilación, porque el actual sistema resultará inviable a medio plazo a causa del envejecimiento de la población y la reducción del número de cotizantes. El ministro, sin embargo, ha eludido precisar si el Gobierno optará por retrasar la edad legal de jubilación a los 67 años o utilizará otros medios, como penalizar las prejubilaciones, para conseguir ese objetivo.
"La posición del Gobierno está abierta", ha afirmado Gómez, que ha evitado avanzar qué medidas concretas tiene previsto adoptar el 28 de enero en el proyecto de ley de reforma del sistema público de pensiones. El Ejecutivo, ha indicado el ministro, esperará primero a conocer las recomendaciones del comité del Pacto de Toledo y luego consultará a los empresarios y a los sindicatos.
