Los consumidores deberán asumir los gastos de la retirada y el reciclaje de los aparatos informáticos y electrónicos que compren desde hoy. Un canon, fijado por la Administración y los fabricantes en función de los kilos de material que se comercialicen cada año, pagará este coste, según la ley que se aprobó en febrero. Serán las tiendas y los puntos municipales de recogida --Punto verde en algunas zonas de España--, los que se encarguen de recoger el material. Sin embargo, la falta de previsión impedirá que la ley se aplique plenamente. Los distribuidores y el grueso de la industria se han puesto de acuerdo en esperar un mes para incluir el sobrecoste en la factura mientras siguen negociando. Pero no todos, algunos fabricantes, que ya habían adaptado el nuevo canon a sus sistemas informáticos, lo aplicarán ya desde hoy.

"El coste debe desglosarse en el precio de la factura, para evitar casos de fraude y mercado pirata", explica Gonzalo Torralbo, director adjunto de Asimelec, la patronal de la industria de electrónica, informática y telecomunicaciones. La idea es responsabilizar al usuario del coste medioambiental de su consumo e irá seguida de un plan similar para las pilas.

El criterio para fijar el recargo en los electrodomésticos es "sin ánimo de lucro", y dependerá de "lo complicado y lo reaprovechable que sea el reciclaje de los componentes del equipo", según Torralbo. Así, por ejemplo, las bombillas y los tubos fluorescentes son los que en proporción van a tener un canon más elevado, "porque los materiales son más caros de extraer y tienen menos valor", mientras que los móviles, en cambio, tendrán sólo un sobrecoste de 0,08 céntimos por terminal, porque "se aprovecha casi todo".

SISTEMAS DE GESTION Los más caros pueden ser las neveras, cuya tasa de reciclaje rondará los 17 euros. Un televisor de más de 29 pulgadas tendrá un coste inferior, de nueve euros, y de siete euros para los aparatos de entre 21 y 28 pulgadas.

No sólo la electrónica de consumo y la informática está afectada. También se incluyen en la norma los juguetes electrónicos, los aparatos médicos (excepto los implantados), instrumentos de vigilancia y control y máquinas expendedoras.

Según la ley, las tiendas estarán obligadas a recoger el aparato usado en el caso de que se adquiera otro similar. La práctica es otra: la Administración no ha asignado la cuota de recogida por sectores, por lo que los industriales no saben qué les toca.

Parece más clara la manera en que se procederá a la recogida. Mientras es habitual que cuando una tienda entrega un gran electrodoméstico se lleve el viejo, con coste adicional o incluido en el precio, con los pequeños aparatos no es así. "La idea es habilitar un plazo de tiempo para que el establecimiento acepte el producto después de la compra", dice Torralbo. Si no se cumple el plazo o el usuario quiere deshacerse de un trasto, deberá llevarlo a un punto de recogida habilitado por los ayuntamientos.

Los fabricantes deberán repartirse la cuota de aparatos en función de las ventas. Para evitar agravios, la industria ha forzado la creación de un registro de productores, que será obligatorio para poder vender productos.