El real decreto que regula el sistema de formación profesional continua, y que es la base legal para la sustitución de la Forcem, fue modificado a última hora antes de ser aprobado por el Gobierno a raíz de un dictamen del Consejo de Estado, apoyado por dos informes más del Ministerio de Administraciones Públicas, en los que se advertía con contundencia a Trabajo de que la norma podía ser considerada inconstitucional porque invade las competencias autonómicas en materia laboral.

El escrito del Consejo de Estado, de 22 folios y al que ha tenido acceso este diario, fue aprobado por unanimidad el pasado 29 de julio. Tres días después, el Consejo de Ministros aprobó el decreto. El ministerio de Zaplana afirmó ayer que había introducido la mayoría de recomendaciones del informe jurídico.

El dictamen reconoce que le corresponde al Estado "la competencia para aprobar la legislación laboral" pero advierte de que al abordar dicha regulación, "no puede ignorar que la competencia para su ejecución corresponde, en principio, a las comunidades autónomas".

LA GESTION DE AYUDAS

También arremete contra el sistema de gestión de ayudas previsto en el decreto y denuncia que "la distribución constitucional de competencias no puede quedar desvirtuada por el Estado a través de ayudas económicas". Uno de los informes de Administraciones Públicas recalca "las dudas que suscita el hecho de que el sistema diseñado pueda interpretarse como un vaciamiento de la competencia autonómica ".

Una de las conclusiones que denota más desconfianza del órgano consultivo es la referencia al punto que establece que el Gobierno articulará medidas legislativas para asegurar que el dinero proveniente de la cuota de formación profesional continua sea aplicado, en su totalidad, a estas iniciativas formativas. Al respecto, el Consejo de Estado recomienda al Gobierno que "haga una regulación general de las iniciativas de formación continua, que incluya aquellas cuya ejecución corresponde a las Comunidades autónomas", dando a entender que la intención del Gobierno no era ésta.