Qué están haciendo con cientos de miles de millones de dólares de los contribuyentes los bancos estadounidenses beneficiados por el plan de rescate? ¿Qué está haciendo el Departamento del Tesoro? No son preguntas retóricas de ciudadanos indignados con las gestión pública. Son interrogantes cuya falta de claras respuestas han desatado una tormenta política en Washington.

Ayer, un panel independiente nombrado por el Congreso para supervisar la gestión del plan de salvamento de la banca (TARP, por sus siglas en inglés) emitió un demoledor informe en el que criticaba sin paliativos la ejecución de ese programa de ayudas, denunciando la carencia de controles sobre cómo los bancos están usando el dinero, la falta de transparencia del Tesoro y la negativa a usar fondos para reducir los desahucios y ayudar directamente a los propietarios.

Horas más tarde, Barney Frank, el principal negociador de los demócratas en el Congreso, anunció la presentación la semana que viene de una propuesta de ley que fijará condiciones para la asignación de la segunda parte del plan. De momento, se han distribuido ya la mitad de los 700.000 millones de dólares (más de medio billón de euros) con los que se dotó el rescate.

EROSION DE LA CONFIANZA El panel, compuesto por cinco expertos y liderado por la profesora de Derecho de Harvard Elizabeth Warren, denunció que el Tesoro ha "erosionado" la confianza de los ciudadanos al dar dinero a bancos que se han negado a ofrecer "ninguna contabilidad de cómo están usando el dinero de los contribuyentes".

Su informe acusa también al Tesoro de no haber dado "ningún paso" para cumplir con las instrucciones de las cámaras de actuar para frenar el torrente de desahucios y pone en duda que en el Departamento haya siquiera intención de poner en marcha un plan para "maximizar la ayuda a los propietarios".

En general, se acusa al Tesoro de negarse a colaborar con el panel en su trabajo y se recuerda que solo se han contestado 19 de las 44 preguntas planteadas, en muchos casos con respuestas inadecuadas. Y, en concreto, se hace una ristra de denuncias, críticas e interrogantes.

DUDAS CONCRETAS Se pregunta, por ejemplo, por qué el Tesoro no ha desarrollado un "programa uniforme" para limitar la compensación de los ejecutivos (algo que sí se hizo con el sector del automóvil antes de aprobar su paquete de ayudas). Asimismo, el panel pide que se identifique claramente qué tipo de compañías pueden beneficiarse del programa de ayudas.

"La pregunta --se lee en el informe-- es cómo la infusión de cientos de miles de millones de dólares en un conglomerado o una compañía de tarjetas de crédito hace avanzar el objetivo de estabilidad financiera y el del bienestar de los contribuyentes, incluyendo propietarios amenazados con desahucios, gente que pierde sus trabajos y familias incapaces de pagar sus tarjetas".

A raíz del caso de Citibank --banco al que se dio ayudas públicas en dos ocasiones, la segunda para evitar su quiebra--, el panel cuestiona también la utilidad de las ayudas del Tesoro, anunciadas inicialmente para las instituciones "saneadas". "Hasta que la evaluación de bienes no sea más transparente y el mercado tenga confianza en que los bancos han eliminado las malas hipotecas y han dado los precios adecuados a sus bienes, los esfuerzos para restaurar estabilidad en el sistema financiero pueden fracasar", advierten.

El escepticismo ante la efectividad y el futuro del actual plan de rescate han llevado a Tim Geithner, elegido por Barack Obama para encabezar el Tesoro, a plantear su remodelación. La filosofía con la que se plantea esa reforma es ampliar el acceso a los fondos a municipalidades, pequeños comercios, propietarios y consumidores.