Pequeños inversores integrados en la “Agrupación de Accionistas Minoritarios del Banco Popular”, constituida este mismo jueves, han presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en la Audiencia Nacional por posibles delitos que, a su juicio, habrían dado como resultado la pérdida total de valor de sus títulos (a cero euros) “de la noche a la mañana” y su condición de accionistas.
La denuncia ha sido canalizada a través de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), hace referencia a dos posibles delitos, de “administración desleal” y de “uso de información relevante para la cotización de valores en mercados organizados” que habrían dado como resultado la pérdida de todo lo invertido por los accionistas en el Popular. El texto apunta al último equipo de administradores de la entidad, con su presidente Emilio Saracho al frente, y al grupo de inversores en torno al mejicano Emilio del Valle, según ha explicado Javier Cremades, abogado, presidente del despacho Cremades y Calvo Sotelo y secretario general de AEMEC.
La Agrupación de Accionistas Minoritarios del Banco Popular ha nacido a partir de 385 accionistas representativos del 3% del capital del banco, algunos de los cuales han acompañado a Javier Cremades y a otros socios del despacho de abogados en la rueda de prensa convocada para presentar las acciones legales en marcha y otras futuras.
DOS PRESUNTOS DELITOS
Los hechos descritos en la denuncia hacen referencia a la posible “manipulación del precio de la acción desde hace varios meses, con jugadas a corto plazo que no siempre han sido legítimas", según Javier Cremades. Además se aprecian indicios de “administración temeraria desde la última junta general de accionistas, propiciando un vaciamiento patrimonial del banco y pánico entre la clientela con fuga de depósitos y ruptura de relaciones comerciales”.
Según el abogado Cremades, el proceso impulsado por la Junta de Resolución para la disolución del Popular constituye “no una expropiación, sino una incautación”, pues se ha despojado a los inversores del valor de sus títulos y de su condición de accionista “sin procedimiento debido y sin justiprecio”, vulnerando sus derechos.
TRES LÍNEAS DE ACCIÓN
Además de la denuncia ya presentada ante la Audiencia Nacional, la agrupación de accionistas prevé presentar un recurso administrativo ante el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria(FROB), dentro del plazo preceptivo de dos meses, contra la decisión de resolución del Banco Popular adoptada por las decisiones europeas en la madrugada de este miércoles.
Por último, como tercera línea de acción judicial, se pretende impulsar “acciones civiles y mercantiles”. El objetivo último, según Cremades, es lograr que un juez convoque una junta de accionistas “y devuelva la condición a los accionistas” para, entre otras cuestiones, poder acceder a información relevante sobre el valor patrimonial de la entidad y poder exigir una indemnización.
“Creemos que estas son las líneas de trabajo para lograr una restitución a los accionistas” ha dicho Cremades antes de admitir que los procedimientos judiciales serán muy largos en el tiempo.
ADICAE EXIGE ACLARACIONES
Además de los inversores, la asociación de consumidores Adicae también ha exigido acclaraciones. La entidad ha instado a los grupos parlamentarios para que soliciten la comparecencia del Ministerio de Economía, del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a fin de aclarar la "extraña maniobra de intervención y venta del Banco Popular".
La agrupación que preside Manuel Pardos considera necesario que dichas instituciones expliquen en el Congreso de los Diputados cómo permitieron que la entidad realizara ampliaciones de capital, como la efectuada en junio del 2016 por valor de 2.500 millones de euros, en perjuicio de "decenas de miles de ahorradores".
En concreto, Adicae pide la presencia del ministro de Economía, Luis de Guindos, pero también del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, organismo que decidió que la resolución de la entidad era de interés público y adoptó un plan para llevarla a cabo. Para la asociación, es imprescindible conocer por qué en lugar de una venta "sin más", que habría propiciado una compensación a los pequeños accionistas, se optó por intervenir la entidad "de forma express", atribuyendo un valor cero a las acciones, acarreando con ello "graves consecuencias".
Al respecto, creen que la operación ofrece para el Santander una serie de beneficios, por lo que consideran "inexplicable" que se haya autorizado la transacción por un euro, dejando caer "sobre las espaldas" de los clientes pérdidas del 100 % de sus ahorros.
