Acostumbrados a las emociones fuertes de los últimos meses, y ante las enormes incertidumbres que aguardan en lontananza, la duodécima legislatura desde la reinstauración de la democracia arrancó ayer con una calma inusitada. Roger Torrent fue elegido presidente del Parlamento catalán, la mesa fue constituida y se puso en marcha la maquinaria institucional. Por supuesto, se trata de una falsa calma, o tal vez la calma que precede la tormenta, como simbolizaban los lazos amarillos en los escaños vacíos de los diputados en prisión preventiva o huidos de la justicia en Bruselas. Pero tras meses de navegar por aguas turbulentas, y ante lo que está por venir con la investidura, la apariencia de cierta tranquilidad institucional es más que bienvenida.

A ello contribuyó el discurso del nuevo presidente del Legislativo, Roger Torrent (ERC), el político más joven en ostentar este cargo, el segundo en importancia institucional tras el del propio presidente catalán. Torrent, como independentista, criticó la intervención de la Generalitat al amparo de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y denunció la ausencia de los presos y los prófugos. Pero también habló de «coser la sociedad catalana», reconoció las «identidades cruzadas» de los ciudadanos y la pluralidad de Cataluña. Un tono muy alejado de la épica con la que asumió este mismo cargo Carme Forcadell, sin referencias ni a la independencia ni a la nonata república que declaró ese Parlamento en su última sesión de la pasada legislatura. En los dos extremos del arco parlamentario, tanto Ciudadanos como la CUP criticaron el discurso de Torrent por razones opuestas, los unos por independentista y los otros por autonomista. Un recordatorio de que los matices tienen poco espacio en el actual escenario político catalán.

Torrent y la mesa que preside muy pronto deberán tomar decisiones trascendentales. Si Carles Puigdemont se presenta a la investidura y, en este caso, si se le permite hacerlo telemáticamente, es la clave de la nueva legislatura. De ello depende si el Parlamento de Cataluña se dedica a hacer su trabajo, que es legislar por el bien común, o si vuelve a enfangarse en argucias dudosas o directamente ilegales. Los discursos como declaración de principios están bien, pero los hechos y las votaciones marcarán la legislatura más incierta en 40 años, que ayer arrancó.