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Editorial

Bloqueo a 10 días de la investidura

 

22/01/2018

Transcurrido un mes de las elecciones, constituido el Parlament y a 10 días del límite para celebrar el pleno de investidura, la política catalana se encuentra en una situación de bloqueo similar a la que se produjo antes de las dramáticas jornadas parlamentarias del 6 y 7 de septiembre y de la incertidumbre previa a la DUI. Los partidos llevan un mes discutiendo cuestiones inverosímiles en una situación normal, como si se puede producir una investidura a distancia o si se puede presidir la Generalitat desde Bruselas. Acabada la ronda de consultas con los dirigentes de los grupos parlamentarios, es previsible que el nuevo presidente de la Cámara, Roger Torrent, comunique hoy que Carles Puigdemont es el candidato para la investidura. Cualquier otra elección sería una sorpresa. Y a partir de ahí, todo vuelve a ser incierto porque Puigdemont está empeñado en apurar hasta el final caminos imposibles y sus aliados de ERC están atrapados en la estrategia suicida del expresidente catalán. La Fiscalía General del Estado anunció ayer, por otra parte, que reactivará la euroorden de detención si viaja a Dinamarca para participar hoy en un debate sobre Cataluña.

Pese a todas las idas y venidas, contradicciones y cambios de opinión, movimientos tácticos que en algunos casos solo pueden ser interpretados como maniobras de despiste, Puigdemont tiene que elegir entre dos alternativas: o vuelve, es detenido y se somete a la investidura tras ser excarcelado –como en el precedente de un preso etarra en el año 1987— o fuerza a la Mesa del Parlament a que viole el reglamento y la legalidad para intentar la investidura telemática o por delegación. En el primer caso, es posible que pudiera ser elegido, pero no podría ejercer el cargo porque volvería a la cárcel. En el segundo, la elección sería anulada por el Tribunal Constitucional y se abriría la posibilidad de repetirla con otro candidato mientras empezaría a correr el plazo de dos meses para una convocatoria automática de nuevas elecciones si el Parlament no elige presidente.

Todo ello sin contar que Mariano Rajoy ya ha avisado de que cualquier violación de la legalidad en la investidura supondrá la prórroga del artículo 155, lo que impediría recuperar las instituciones catalanas, prioridad de los independentistas según no cesan de repetir. Para lograr el objetivo alguien ha de poner algo de sensatez en este galimatías.