Mariano Rajoy cree que la igualdad salarial entre hombres y mujeres es un asunto que no compete al Gobierno y descarta obligar por ley a las empresas a que equiparen los salarios entre hombres y mujeres. «No nos metamos en eso», dijo la semana pasada. Desde los movimientos feministas y sindicales criticaron a Rajoy y le recordaron, con acierto, que la Constitución establece en su artículo 35.1 el principio de igualdad y no discriminación entre personas, y que es el Gobierno el que debe garantizar que esa igualdad se cumpla mediante leyes o disposiciones generales que impulsen el compromiso de toda la sociedad para acabar con la discriminación salarial. En España, las mujeres cobran el 85,1% del sueldo de sus homólogos masculinos, según cifras del Eurostat, y son además las que más sufren el desempleo y la precariedad, según Oxfam Intermón y Cáritas. En Europa, algunos países ya han aprobado leyes para luchar contra la brecha salarial, pero queda mucho trabajo por hacer. De ahí, entre otros motivos, la iniciativa internacional de que el 8-M se celebre una huelga de mujeres, y que CCOO y UGT hayan anunciado que le dan su apoyo. En España, las medidas concretas se toman en el marco de la negociación colectiva, pero urge un plan del Gobierno para avanzar de forma decidida en el camino de la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Porque ese es un tema en el que el Gobierno y la sociedad entera deben implicarse hasta el fondo.
