El grito de alerta que ha lanzado el sindicato Comisiones Obreras en relación a los estudios de Formación Profesional y a la capacidad del sistema educativo para integrar a los alumnos en el mercado laboral invita a una reflexión profunda sobre qué tipo de enseñanza se plantea nuestro país. Más allá del Bachillerato, y en paralelo, la Formación Profesional no ha de ser considerada simplemente como la posibilidad de continuar en unas aulas, para un amplio colectivo de jóvenes, ante la imposibilidad de entrar en la universidad. Este planteamiento es caduco y nos retrotrae a otras épocas. Continuamente se hacen llamamientos o se lanzan mensajes para dignificarla, entendiendo, como pasa en otros países europeos, que la Formación Profesional no ha de servir para aminorar la tasa de abandono escolar sino que debe convertirse en una alternativa estratégica para reforzar el nivel de preparación técnica en el entorno productivo.

Las cifras, sin embargo, son desalentadoras. En su primer año en el mercado laboral, solo un 8% de graduados logran un empleo estable y que esté relacionado con su formación. A diferencia de países como Alemania, en el que el sistema FP Dual permite una relación directa entre empresas y estudiantes, de tal manera que estos se matriculan una vez han logrado el aval empresarial, con cerca de un 70% de integración al final de los estudios, en España apenas existe esa posibilidad, con las cifras más bajas de la Unión Europea en estudiantes matriculados y con un ridículo 0,4% de los que combinan estudios y trabajo.

Los temarios están obsoletos, apenas hay presencia del inglés, y continua dándose una notable segregación económica en la que salen perjudicados los centros públicos, sin la debida inversión en estructuras y con una alta tasa de interinidad entre el profesorado. Debe ser una formación estratégica -otro motivo, socioeconómico, para que empiece cuanto antes- y deben aplicarse medidas urgentes, una reforma en profundidad, más allá de los buenos propósitos. Nuevas metodologías docentes, más presupuesto y, en especial, el propósito firme de establecer contratos de formación que no sean basura que alimente la precariedad, sino aliciente para dinamizar la economía y la integración laboral.