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Editorial

La independencia de la justicia y el caso catalán

 

05/11/2017

Las decisiones de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela -envío a prisión de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y del exvicepresidente Oriol Junqueras y ocho exconsellers posteriormente- han resucitado las acusaciones sobre la falta de independencia de la justicia en España. Tanto las querellas presentadas por la fiscalía como los autos de prisión de la jueza son discutibles, pero eso no quiere decir que sus decisiones estén predeterminadas por intereses políticos, aunque el fiscal general del Estado sea nombrado por el Gobierno y la fiscalía sea un órgano jerárquico. Esta afirmación, sin embargo, sería más firme si a veces desde el Gobierno no se adelantaran decisiones judiciales antes de que se produzcan.

España es un Estado de derecho con división de poderes, aunque este marco, imprescindible y común a todos los países de la UE, sea puesto en duda por los partidos independentistas. El ingreso en prisión incondicional de casi todo el Govern de Carles Puigdemont, destituido por el Ejecutivo de Rajoy, puede tener opiniones contrarias porque uno de los delitos que se atribuyen a los querellados, el de rebelión, está cuestionado, al parecer, hasta por la fiscalía del Supremo, que vería más ajustado el de conspiración para la rebelión. Incluso haya quien considere que las decisiones de la magistrada pueden no ser muy oportunas desde el punto de vista político, ya que el frente soberanista habría podido pasar de la perplejidad y el desconcierto sufrido tras la aprobación de la declaración unilateral de independencia y la convocatoria inmediata de elecciones al aplicarse el artículo 155 de la Constitución, a una reanimación y reagrupación de los distintos partidos afines al separatismo catalán.

Pero lo que en ningún momento puede discutirse ni tiene dobles lecturas es que los encarcelados no son presos políticos, sino políticos presos. Nadie ha sido enviado a la cárcel por sus ideas, sino por actuaciones que pueden ser susceptibles de juicio y condena. Calificar a los integrantes del Govern destituido como presos políticos es un insulto a los verdaderos presos de conciencia y una banalización de las dictaduras, como el franquismo, en las que sí que hay presos políticos. Se ha llegado a excluir de la categoría al exconseller Santi Vila, hay que suponer que por discrepar del resto, algo que desenmascara la intención política del calificativo.

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1 Comentario
01

Por vistacorta 9:44 - 05.11.2017

Nunca ningún país del mundo a reconocido tener presos políticos, solo hay que remodelar los hechos hasta que encajen con alguna ley, y con ello ya se puede mandar a la cárcel ó fusilar a una persona. Recordemos las grabaciones realizadas a un Sr. ministro, publicadas y escuchadas en los medios de comunicación.