La voluntad política de Pedro Sánchez ha conseguido finalmente que esta semana se hayan puesto las bases para poner en marcha en el plazo de seis meses una subcomisión de reforma constitucional en el Congreso de los Diputados. Previamente deberá elaborar sus trabajos otra subcomisión de evaluación del modelo territorial. Todo ello está lógicamente supeditado a la respuesta que dé el presidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont al requerimiento que le ha enviado el Gobierno, previo a la aplicación del artículo 155. Es evidente que sería del todo imposible abordar un debate constitucional con una comunidad intervenida.

Esta incipiente reforma constitucional es para casi todos los implicados una posibilidad de desandar lo mal andado. Para el soberanismo catalán no rupturista es una pista de aterrizaje tras dos años de deriva hacia el unilateralismo. Para el independentismo más acérrimo, también podría ser una posibilidad de explorar los límites reales, no imaginarios, de un Estado democrático como el español plenamente integrado en la Europa de los derechos y las libertades. Para Rajoy y para el PP podría ser una oportunidad de consolidar la presente legislatura y de borrar la imagen que ha dado dentro y fuera de España de poner por delante el inmovilismo legalista a la necesidad de abordar los problemas reales. Para el PSOE, evidentemente, sería la ocasión de explicitar y explicar sin las urgencias de la coyuntura cuál es su modelo de nación española desvinculado de ciertas reminiscencias imperiales. Y para Ciudadanos y Podemos podría constituir la oportunidad de entrar en la historia y hacer efectivo el espíritu regeneracionista con el que llegaron a la política.

Si la sensatez se impone en la respuesta de Puigdemont, el camino no será fácil. España es hoy una sociedad más madura y más empoderada que en 1978. Como dijo el rey Felipe VI en el discurso del 3 de octubre, cualquier idea debe poder ser debatida dentro de la ley. Y el debate hoy debe ser abierto, no cómo durante años propugnó el PP exigiendo acordar el final de la reforma antes de empezarla. Todos han de acudir a ella asumiendo riesgos y explicando claramente sus posiciones. En el siglo XXI, peinar las cosas a oscuras o pasarles el cepillo no sirve para ganarse la legitimidad como explica hoy mismo el portavoz del Parlamento europeo.