La jornada electoral transcurrió ayer sin incidentes notables en Extremadura. Las 1.494 mesas electorales dispuestas a lo largo de la región se constituyeron sin grandes problemas, según informó la Delegación del Gobierno. No obstante, durante el día se sucedieron varias anécdotas y alguna que otra denuncia con carácter electoral.
La nota negativa la puso una denuncia por amenazas realizada ante la Guardia Civil por el exalcalde de la localidad cacereña de Carrascalejo. Aseguró que había recibido en las inmediaciones del colegio electoral amenazas por parte de un ciudadano de Madrid.
La nota positiva la puso el índice de participación, que con un 63,37% fue el segundo más alto del país. Por provincias Cáceres fue la más participativa, con casi un 75%, mientras que Badajoz rozó el 70%.
Entre las anécdotas destacó la de Rosalejo (Cáceres), donde la secretaria del colegio electoral se olvidó de recoger las papeletas para las municipales, por lo que la Junta Electoral tuvo que remitir unas nuevas, que llegaron custodiadas por la Guardia Civil.
Las nuevas tecnologías también dieron problemas. Las PDA de tres mesas se negaron a funcionar correctamente, por lo que los datos tuvieron que ser transmitidos por teléfono móvil. Otra mesa, esta en el municipio de Novelda (Badajoz), se quedó a primera hora vacía. No se presentaron ni el presidente ni un vocal de la misma, pero fueron sustituidos por los suplentes.
También fue significativa la votación de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, la última que realizó como presidente de la Junta. Por su parte, la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, votó en Cáceres acompañada de su hijo, que ejercía su derecho al voto por primera vez.
En cuanto a los temas polémicos, en Lobón (Badajoz) algunos ciudadanos denunciaron una vulneración de su derecho a la intimidad por la existencia de cámaras en la casa de la cultura.
En Mérida, dos personas de nacionalidad rumana fueron puestas a disposición judicial por la distribución de una publicación en la que se pedía el voto para los socialistas y en Olivenza se denunció a tres personas que repartían propaganda pidiendo el voto para el PP.
También el secretario general del Sindicato Unificado de Policía de Extremadura, José Sánchez Espinosa, presentó una denuncia en la Comisaría de Mérida por la vulneración del derecho de los policías a disponer de cuatro horas para ejercer su derecho al voto. Espinosa explicó que los policías que integraban los dispositivos de seguridad de los colegios, por orden de sus superiores, sólo pudieron disponer de una o dos horas como máximo para poder ir a sus casas a comer y a ejercer su derecho al voto.
