La Asociación de Perjudicados por la Incautación Franquista nació hace dos años. Está formada por alrededor de 1.400 familias españolas y se encarga de recoger copias de todos los recibos que emitieron las autoridades de la dictadura franquista para certificar las cantidades requisadas. En 1938, antes de terminar la guerra civil, el mando de los militares sublevados prohibió "la tenencia de papel moneda puesto en curso por el enemigo", de manera que familias, empresas y ayuntamientos se vieron forzados a entregar su capital en forma de billetes republicanos. A cambio se les extendió un recibo con el que luego podrían recuperar --según les aseguraron entonces-- su dinero. Pero nunca llegó el momento del cobro.

Pasada la guerra y durante la dictadura, muchas de estas personas acudieron al Banco de España para hacer efectiva la devolución, pero solo recibieron largas y evasivas, una y otra vez. Así hasta hoy. Ahora, esta asociación reúne a todos aquellos que entregaron su dinero y no lo volvieron a ver, y tratan de obtener el reconocimiento de la ilegalidad de la confiscación. Reclaman, además, que se les restituya el dinero perdido con valor actualizado al curso. Estiman que una peseta de la época equivaldría hoy a un euro y medio (250 pesetas).

Lidia Jiménez, hija de una de las afectadas, explica que reclaman al Banco de España desde los años 60 y que la respuesta siempre es la misma: "Aún no toca". La dictadura se les incautó de 1.365 pesetas de la época, lo que hoy serían unos 2.000 euros, si se usa la equivalencia que propone la asociación. "Pedimos justicia, que a los perjudicados se nos devuelva el dinero incautado", expresa Jiménez.

La asociación se ha dirigido a autoridades y partidos políticos y al Defensor del Pueblo. Tiene el apoyo de los grupos parlamentarios de CiU y ERC, y confía en recuperar el capital que sus ascendientes entregaron si se aprueba la ley de memoria histórica. El proyecto de esta ley recoge la voluntad del Gobierno de crear una "comisión interministerial para atender a quienes padecieron las consecuencias de la guerra civil y el franquismo". Si se aprueba, quizás estas familias puedan encontrar satisfacción a sus reclamaciones.