El Tribunal de Cuentas ha citado para el próximo 25 de septiembre a todos los implicados en la investigación de los gastos de la consulta del 9-N para llevar una cabo una "liquidación provisional", un trámite con el que se les comunicaría la cantidad quese calcula que deberían devolver a las arcas de la Generalitat. Según el organismo fiscalizador, el coste total de la organización fue de 5,2 millones de euros.

Entre los citados, además del 'expresident' Artur Mas y los 'exconsellers' Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, se encuentran media docena de altos cargos políticos y técnicos de los departamentos de Presidència y Governació. Uno de ellos es el exsecretario general de Presidència Jordi Vilajoana.

El 'president' Carles Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras han convocado para las 19.30 horas una rueda de prensa en la que darán cuenta de esta decisión del Tribunal de Cuentas. En paralelo, los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP han convocado un pleno extraordinario del Parlament para el próximo viernes día 8. Se trata de una iniciativa sorpresa, convocada bajo un concepto genérico: "valoración de la acción política del Govern y previsiones".

Los grupos se acogen al artículo 153.1 del Reglament paora hacer un debate general en el que se valore la situación política actual, "actuaciones del Govern a raíz de los últimos aconteciminetos", "actuaciones previstas por el Govern en relación al Estado español" y "actuaciones previstas por el Govern de la Generalitat en relación a la comunidad internacional".

La petición la firman los presidentes de ambos grupos parlamentarios y abre así la puerta a que sea en este pleno en el que se tramiten las leyes de desconexión o una de ellas. Fuentes de la Mesa del Parlament sostienen que este miércoles, como estaba previsto, habrá novedades en el Parlament, pero la convocatoria del pleno el viernes puede alterar las previsiones.