Los fondos investigados por orden judicial a presuntos activistas del terrorismo islamista desde 1995 se acercan a 20 millones de euros, según una estimación realizada por fuentes de la Fiscalía del Estado y basada en datos sumariales de la Audiencia Nacional. La mayor parte de esas cantidades es de cuentas privadas de activistas de Al Qaeda. Medio millón de euros interceptados guardaban relación con la financiación de los atentados del 11-S.