En los casi nueve años que van desde la llegada en enero del 2002 de los primeros soldados a Afganistán hasta la actualidad, España ha desembolsado en la misión internacional 1.900 millones de euros en gasto militar y otros 220 millones en contribuciones civiles. Este tipo de actuaciones siempre destacan por su elevadísimo coste económico, y para hacerse una idea de lo que representa esta cantidad conviene echar mano de algunas comparaciones: para el 2010, el Gobierno presupuestó 1.393 millones de euros en becas y 1.589 millones en atención a la dependencia.
Pero el peaje económico no es el único. Ni siquiera es el más importante. En todo este tiempo, un total de 93 personas han perdido la vida en la misión de España en Afganistán, con la particularidad de que la inmensa mayoría ha fallecido en siniestros aéreos: 62 lo hicieron en el Yak-42 y otros 17 en el helicóptero Cougar. El primer ataque mortal contra las tropas españolas, sin embargo, tardó años en llegar. Fue el 8 de julio del 2006, en la provincia de Farah, y la explosión de un artefacto activado a distancia mató al soldado de origen peruano Jorge Arnaldo Hernández. El último fue el pasado 25 de agosto: ese día, un talibán infiltrado en la base de Qala-i-Naw disparó y asesinó a dos guardias civiles, el capitán José María Galera y el alférez Leoncio Bravo, así como a su traductor, Ataollah Taefik, antes de ser abatido a tiros por otro miembro de la Benemérita que estaba presente en el ataque a una misión que, tras la de el Líbano, es la más numerosa entre las que lleva a cabo España en el exterior.
El país participa con alrededor de 1.500 militares en Afganistán dentro de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF, por sus siglas en inglés). En la actualidad, el contingente español dirige tanto la Base de Apoyo Avanzada en Herat como el Equipo de Reconstrucción Provincial de Qala-i-Naw.
