La mejor defensa es un buen ataque. El Colegio de Abogados de Madrid anunció ayer su intención de querellarse contra el magistrado Baltasar Garzón y las fiscalas anticorrupción Concha Sabadell y Miriam Segura por haber autorizado la intervención de las comunicaciones que mantuvieron en la cárcel los jefes de la trama Gürtel con sus letrados.
El colegio profesional otorgó el amparo solicitado por los abogados de Francisco Correa y Pablo Crespo. También acordó "trasladar la más enérgica protesta" por estas intervenciones al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al de la Audiencia Nacional, al del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.
La querella se presentará por los delitos de prevaricación (dictar una resolución a sabiendas de que es injusta) y quebrantamiento del secreto de las comunicaciones. Los abogados consideran que la actuación del juez y de la fiscalía ha lesionado la confidencialidad "de las relaciones entre el abogado y su cliente".
ACTUACION "REPUDIABLE" Sin embargo, el comunicado del Colegio de Abogados de Madrid evidencia la intrahistoria de esta querella. Los letrados afectados por la actuación de Garzón quieren que su órgano profesional averigüe si continúa activa la autorización para escuchar sus conversaciones. Y solicitan que si continúa, "cese" de inmediato. También les ha molestado que sus charlas sean públicas. "La difusión de actuaciones sumariales es aún más repudiable cuando se realiza por autoridad o funcionario público", dicen.
La conservadora Asociación de Fiscales salió ayer en defensa de sus compañeras Sabadell y Segura. En un comunicado, manifestó "su apoyo expreso" a las fiscalas anticorrupción. También sostiene que su labor fue "estrictamente profesional y ajustada a derecho". Y lamentan que se ponga "en tela de juicio la actuación de instituciones del Estado" cuando intentan "recuperar cantidades importantes de dinero defraudado a las instituciones públicas, y, en definitiva, a todos los ciudadanos".
Fuentes jurídicas explicaron que la intervención acordada por Garzón se mantuvo hasta el pasado 6 de mayo por orden de Antonio Pedreira, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. También justificaron dicha medida en el hecho de que la intención era evitar que Correa y sus secuaces recuperaran el dinero que tenían en Suiza. Además, las fiscales anticorrupción han realizado un informe en el que defienden la intervención de las comunicaciones para que sea examinado por la fiscalía general del Estado. Fuentes jurídicas afirman que el derecho de defensa no es ilimitado, sobre todo cuando se ejerce "para ocultar los efectos del delito" en investigaciones sobre blanqueo de capitales. Y que estas conversaciones son legales hasta que un tribunal diga lo contrario.
