Los abogados de las familias de los militares muertos en el accidente del Yak-42, cuyo juicio concluye hoy en Zaragoza, han mantenido su petición de 63 millones de euros en indemnizaciones al entender que la "suicida" política empresarial de la compañía aérea Chapman Freeborn provocó el siniestro. El juicio civil por el accidente del Yak-42 celebra hoy su última sesión, con la lectura de las conclusiones finales por parte de los letrados de las familias y de las empresas demandadas, Chapman, la compañía Ukranian Mediterranean Airlines (UM Air) y la reaseguradora Busin Joint-Stock Insurance, que piden la exoneración de responsabilidades.

En sus conclusiones finales, los abogados de las familias han considerado que en la vista ha quedado probado que el vuelo era civil y los pasajeros no portaban billetes, por lo que no hay limitación en la responsabilidad civil por el siniestro. El letrado José Antonio Salgado ha recalcado que ningún militar estaba al mando durante el vuelo, sino que era el piloto de la compañía Um Air quien tomaba las decisiones, por lo que estaba sujeto a normas civiles internacionales, al tiempo que ha comentado que la compañía no entregó ningún billete a los pasajeros, ni individual ni colectivo.

En este sentido, ha hecho hincapié en que tampoco había carteles ni advertencias en ninguno de los aeropuertos en los que se hizo escala sobre la limitación civil de las empresas en caso de accidente. Carlos Villacorta, por su parte, se ha referido a la responsabilidad de la tripulación en el accidente, teniendo en cuenta que los pilotos cometieron una serie de "graves errores" que llevaron a la colisión del aparato, además de que se produjo una infracción en los procedimientos y demostraron una "pésima técnica de vuelo", según uno de los peritos que han declarado en el juicio.

El cansancio de la tripulación, que llevaba más de 25 horas en activo, su "nula" experiencia previa en los aeropuertos de la ruta y su "deficiente" entrenamiento, además de su "desprecio" a las normas de seguridad internacionales llevaron a la situación para que el accidente se produjera, ha subrayado. Este letrado ha calificado las políticas empresariales de Um Air de "suicidas", ya que la compañía era consciente de que estaba poniendo en riesgo a sus clientes y trabajadores.

Otra de las cuestiones a la que se ha referido Villacorta es a la actuación de Chapman Freeborn, que en ningún caso inspeccionaba las aeronaves que contrataba, sino que tan sólo verificaba la documentación de las mismas -"y de una forma incompleta"-, según reconoció en la segunda jornada del juicio el representante de la compañía en España, Sergio Núñez. El juicio continúa con las exposiciones finales de los bogados de las compañías implicadas en la contratación del avión, que se estrelló contra una montaña en la ciudad turca de Trebisonda, el 26 de mayo de 2003, cuando regresaba a España desde Afganistán con 62 militares españoles, que fallecieron en el siniestro.

Este es el segundo juicio civil sobre esta causa, ya que el primero, que se celebró en enero de 2006, fue anulado por la Audiencia Provincial de Zaragoza por un defecto de forma en la convocatoria de los representantes de Chapman Freeborn, que no se presentaron entonces y que tampoco lo han hecho ahora, lo que ha llevado a los abogados de las familias a considerarlo como una "tomadura de pelo" a la justicia española.