El juez instructor de Corcubión, que investiga las circunstancias en las que se produjo el hundimiento del Prestige , ha admitido parte de la querella presentada por Izquierda Unida por este suceso, por lo que esta formación política pasa a ser acusación popular en la causa.
Según ha informado IU en un comunicado, el juez ha dictado un auto en el que admite las imputaciones de este partido contra el capitán del barco, Apoustolos Mangouras; el excapitán marítimo de A Coruña, Angel del Real; el delegado del Gobierno en Galicia, Arsenio Fernández de Mesa, y el director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors.
Estas cuatro personas figuran ya como imputadas en la instrucción que lleva a cabo el titular del juzgado número 1 del municipio coruñés, que ha admitido a trámite también la parte de la querella que inculpa a la armadora del petrolero, Mare Shipping.
INVESTIGACIONES
El juez de Corcubión considera que la querella de IU "coincide sustancialmente" con las investigaciones en curso sobre estos imputados. No obstante el juez ha denegado la admisión de la parte de la querella de IU referida a la empresa de remolcadores Remolcanosa, la aseguradora del buque y al Estado.
En los fundamentos de derecho del auto, el instructor señala que hasta la fecha "no aparecen indicios de criminalidad" contra el representante legal de Remolcanosa, porque aunque el remolcador Ría de Vigo sea de su propiedad, su actuación para intentar remolcar el buque siniestrado se produjo en ejecución del contrato con Sasemar, bajo la "única dirección" de la Sociedad Estatal de Salvamento.
Tampoco admite la acción penal contra la aseguradora o el Estado por la misma razón, que no se han encontrado "indicios de criminalidad", sin perjuicio de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido ambas entidades.
Izquierda Unida valora esta decisión judicial y considera que según avance la instrucción y, sobre todo, cuando llegue el momento de formular el escrito de acusación, "será el momento de volver a plantear las responsabilidades de las empresas privadas y de la Administración General del Estado que esta formación considere oportunas".
