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El equipo de Esperanza Aguirre considera que tener la presidencia de una comisión de investigación es tener el control sobre la misma. Y, como se demostró ayer, incluso la posibilidad de imponer mano dura en su funcionamiento, dejando bajo mínimos las posibilidades de ejercer cualquier oposición.

Eso fue lo que sucedió en la primera jornada de la comisión que la Asamblea de Madrid ha abierto en torno al escándalo del espionaje a políticos: PSOE e IU solicitaron al PP que, en virtud de los usos y costumbres parlamentarias, les entregasen la presidencia de este órgano. Los conservadores hicieron oídos sordos a la petición. Los socialistas, en un último intento, abogaron por que fuera la portavoz de IU, Inés Sabanés, y no un miembro del PSM, quien se hiciera con esa responsabilidad. No sirvió de nada. Los populares le ofrecieron la presidencia a Benjamín Martín, un hombre de confianza de la presidenta regional y que, en sus primeras horas de mandato, tuvo varios enfrentamientos dialécticos con la portavoz socialista, Maru Menéndez.

Menéndez insistió --o lo intentó, porque fue varias veces interrumpida por el presidente de la comisión, Benjamín Martín-- en que es imprescindible flexibilizar los tiempos de trabajo, no poner límite a la duración de la investigación y permitir repreguntar cuantas veces sea necesario a los que vayan a comparecer en este órgano. La responsable de IU, Inés Sabanés, se unió a estas propuestas.

A juicio de la oposición, si no se aceptan esos requerimientos, la comisión se convertirá en una "tapadera" que no servirá para desenredar la trama del espionaje. El PP, a través de su portavoz, David Pérez, dio la callada por respuesta y dijo que ya dará su opinión al respecto cuando se registren esas demandas. Eso sí, apuntó que su partido no está cerrado a alargar el calendario de la investigación, cuya fecha límite ha quedado fijada, de momento, en el 28 de febrero.

LA POLEMICA LISTA Otro de los puntos espinosos trabajo fue, sin duda, el listado de comparecencias. Los populares, de momento, no quieren pronunciarse al respecto. Piensan agotar los plazos previstos, ya que tienen margen hasta el miércoles. La oposición coincide en señalar como comparecientes a la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal (responsable de la investigación del PP sobre la red de espías); la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre; su vicepresidente, Ignacio González (supuestamente espiado); y su consejero de Interior, Francisco Granados (que tiene a su cargo a un hipotético equipo de espías).