El cemento cubre la montaña de Andratx y nadie sabe hasta cuándo las taladradoras serán el eco de este pueblo costero de Mallorca. El alcalde, además de constructor y promotor urbanístico en el municipio, Eugenio Hidalgo, el cerebro de Urbanismo del Gobierno balear, Jaume Massot, y el inspector de obras del ayuntamiento, Jaume Gibert, están implicados en el escándalo de corrupción urbanístico más importante que ha salpicado Mallorca. Hidalgo, Massot y Gibert, del PP, concedieron al parecer licencias "absolutamente irregulares" en "certificaciones falsas de suelo" para levantar casas en áreas protegidas y en el cobro de sobornos, mediante testaferros y sociedades tuteladas por Hidalgo.

La Fiscalía Anticorrupción se llevó el lunes al alcalde esposado, registró el ayuntamiento y se apropió de 50.000 folios y de todo tipo de objetos para verificar el "blanqueo de capitales o el cohecho". El auto apunta el cobro de 738.000 euros en misiones ilegales a Hidalgo y a Gibert.

"Algo olía mal", dicen los vecinos, pero nadie se imaginaba la red de corrupción que se gestaba en el despacho del alcalde. Esa es, dicen en la isla, la diferencia con otros escándalos urbanísticos de Mallorca. "Aquí hay un entramado de corrupción desde el propio ayuntamiento", explica Miquel Angel March, portavoz del GOB, la entidad ecologista más importante de Baleares.

Hidalgo manejó la gestión de Andratx bajo amenazas a los vecinos contrarios a su gestión. "Quien no era de los suyos era investigado", dice Joan Ensenyat, policía local y uno de los primeros vecinos que le denunció por la construcción de una casa que solo tenía licencia de ampliación de un almacén. Los vecinos, la mayoría atemorizados, dicen que lo que ellos veían era poco comparado con lo descubierto por la fiscalía. El GOB había denunciado el deterioro paisajístico de Andratx. La entidad interpuso 40 de las 70 denuncias a las que ahora se enfrenta Hidalgo.

NORMATIVA DE 1976 Andratx mantiene la reglamentación urbanística de 1976 y, acusan los ecologistas, "nunca se tuvo en cuenta la ley de espacios naturales de 1991". Hasta 54 personas, propietarias de viviendas construidas con licencias presuntamente irregulares, estaban ayer llamadas a declarar ante la Guardia Civil. Tendrán que demostrar que sus casas estaban levantadas en terrenos que antes había estado urbanizados.

El abogado de Hidalgo, Rafel Perera, presentó la dimisión del alcalde al ayuntamiento. Hidalgo había escrito que tenía "plena confianza en que la justicia aclarará las infundadas acusaciones". Hoy declara ante el juez.