"Podrán con un alcalde, con un concejal y con un partido, pero no podrán con un pueblo". Así de tajante se mostró ayer el alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón (PP), a su salida de los juzgados, tras quedar en libertad después de pagar una fianza de 100.000 euros. Tanto él como el edil de Urbanismo, Gregorio Guerra --que también quedó libre bajo la misma fianza-- están acusados de un supuesto delito de prevaricación y cohecho tras la denuncia de un particular, que asegura que le exigieron dinero para poder emprender una construcción.

Los dirigentes locales del PP niegan los hechos y aseguran que se trata de una "persecución política contra el partido": "Esta vez nos ha tocado a nosotros". Tras ser detenidos en la tarde del jueves, a la salida de un mitin del líder del PP, Mariano Rajoy, y asistir a los registros de sus domicilios y despachos en el ayuntamiento durante toda la noche, Martín Serón y Guerra llegaron a los juzgados de Coín (Málaga) a las 10.25 horas. Fuentes de la defensa dijeron que su declaración ante el juez de instrucción número 2 se retrasó a la espera de documentos que los policías requirieron en el consistorio.

GRABACION TELEFONICA Aunque el juez ha decretado secreto de sumario, fuentes cercanas a la investigación confirmaron que la operación se destapó tras las grabaciones telefónicas realizadas por un empresario. El denunciante registró conversaciones que mantuvo con el edil de Urbanismo y que entregó a la policía como prueba de que se le exigían pagos irregulares por unas obras.

La mayoría de los vecinos de Alhaurín arroparon al alcalde durante todo el día, llegando algunos a pagar la fianza de su propio bolsillo, según recalcó la defensa. El alcalde afirmó que su detención es "fruto de la república bananera de Zapatero, que ha conseguido que la gente honrada esté en la cárcel y los de la ETA, en la calle".