El juez Francisco Javier de Urquía fue investigado por unos supuestos pagos recibidos del cerebro del caso Malaya , Juan Antonio Roca, cuando el primero quiso comprar una vivienda. Ahora, la fiscalía superior andaluza le acusa de prevaricación, cohecho y asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario, por lo que solicita tres años de cárcel y 19 de inhabilitación para el cargo, así como 213.000 euros de multa.
El fiscal solicita, además, para el exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, tres años de prisión, nueve de suspensión de empleo y 177.000 euros de multa como cooperador necesario del delito de asesoramiento accidental y por cohecho. Igual pena pide para un amigo de ambos, Arnaud F. A., en este procedimiento desglosado del caso Malaya abierto para investigar los presuntos pagos al juez.
