"Después de Andratx, sería muy deseable que el PP no haga de su capa un sayo, que es precisamente lo que ha ocurrido", concluye Maria Ant²nia Munar, presidenta del Consell de Mallorca (el Gobierno de la isla de Mallorca) y de Unió Mallorquina (UM), aliada política del PP, en una carta de opinión divulgada este fin de semana. La líder uemita acusa a los populares de buscar la "impunidad" con la ley de capitalidad, que exime a Palma del control urbanístico supramunicipal, caso insólito en España, para hacer "lo que le venga en gana" antes de las elecciones.
Arrecia el desencuentro entre ambas formaciones, aunque su pacto ha dado muestras de solidez en otras crisis de índole urbanística, como la de Calvi , con un tránsfuga por medio. O en el "intercambio de cromos" de Can Domenge --vendido para viviendas por el Consell a un precio muy inferior al de mercado--, por Son Espases, finca vecina del monasterio de La Real donde el Gobierno autonómico de Matas quiere trasladar el hospital de referencia.
El proceso acumula denuncias de religiosos, ecologistas, vecinos, partidos y promotoras apeadas de la adjudicación más sustanciosa de la historia, cuyo beneficiario, Florentino Pérez, mimado por Matas desde su época de ministro de Medio Ambiente, acaba de pagar el precio máximo por una casa en Andratx, 24 millones de euros.
El PP de Andratx ha echado más leña al fuego al secundar con su alcalde, Jaume Porsell, a la cabeza, una concentración del Partit Socialista de Mallorca por la desclasificación de Cala Blanca. PP y UM alegaron virtuales indemnizaciones para oponerse en el 2004 a la desclasificación.
