El presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por nueve delitos de corrupción. Anticorrupción ya ha formalizado sus acusaciones y solamente queda que el juez de Nules determine cuándo abre juicio oral. En concreto, la fiscalía ha pedido que se juzgue al dirigente conservador por los supuestos delitos de cohecho propio, tráfico de influencias, prevaricación y contra la Hacienda Pública.

De las 13 personas citadas en su momento por el juez, la fiscalía ha propuesto el sobreseimiento para todas excepto para cuatro: Fabra; su exesposa, Amparo Fernández; el empresario que acusó al presidente de la Diputación de Castellón de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos, Vicente Vilar; y la exesposa de este, Montserrat Vives.

DIRECTORES DE BANCOS Por su parte, la acusación popular ha ampliado las imputaciones a siete directores de las oficinas bancarias en las que Fabra tenía cuentas y cuyo análisis llevó a los peritos a acusar al matrimonio de nueve presuntos delitos fiscales, y de un fraude a Hacienda de 1,7 millones de euros.

Ahora corresponde al juez, Jacobo Pin, limitar la imputación a cuatro personas, mantener los 13 imputados u optar por archivar el caso.