Cada uno defendió lo suyo. Esta fue la interpretación generalizada de los asistentes al solemne acto de apertura de tribunales que presidió el Rey tras escuchar los discursos del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar. Conde- Pumpido defendió la actuación de la fiscalía anticorrupción, que ha doblado su trabajo en un año y Dívar escudó a la sala penal del alto tribunal que tiene en sus manos el futuro del magistrado Baltasar Garzón.
El fiscal general del Estado se comprometió a "erradicar" las conductas corruptas "vengan de donde vengan, sean quienes sean sus autores y sea cual sea su estrategia de defensa", en clara referencia al PP, que se siente espiado por la investigación del caso Gürtel y que no ha cesado de lanzar acusaciones todavía no probadas por ningún tribunal. Y aseguró que la "justicia es igual para todos, sin privilegios ni excepciones, sin más límites que los que marca el propio ordenamiento jurídico".
Asimismo, el Conde-Pumpido pidió cambios legales ante la "debilidad de un sistema procesal caduco" que no puede hacer frente a "fenómenos como la politización de la justicia o la judicialización de la política" por los que --dijo-- "pretenden confundir ambas esferas en beneficio propio". Por ello, abogó por el consenso entre los políticos para frenar "la erosión progresiva que sufre la justicia".
LUCHA CONTRA ETA El fiscal general del Estado también recordó que impulsa otra reforma para evitar la "anomalía" de que "quienes fueron elegidos" en listas de partidos ilegalizadas por el Tribunal Supremo "sigan gobernando una institución democrática". Este hecho, en su opinión, "es hiriente para la sensibilidad democrática". Por ello, propuso un cambio para que los escaños sean de los electores y no de los partidos políticos.
Por su parte, Dívar transformó su discurso institucional en una reivindicación laboral. Exigió que continúe la inversión económica en el alto tribunal para que las salas se pongan al día. Y recurrió a un ejemplo. La sala segunda de lo contencioso-administrativo tiene congelados seis mil millones de euros (un billón de las antiguas pesetas) en los pleitos que aún no ha resuelto. Por ello, lamentó que ese dinero, y varios miles de millones más que controlan las otras salas, "no reviertan al circuito económico". En su opinión, este hecho, "bloquea expectativas personales, empresariales e institucionales" y daña a la justicia.
