Las ayudas a las concesionarias de autopistas de peaje en riesgo de suspensión de pagos por ausencia de tráfico, que en principio iban a ser una modificación a los Presupuestos de 2011, ha sido incluida como una enmienda a Ley Postal en la Comisión de Fomento del Senado. Esta aportación se regulará, por tanto, a través de la Ley del Servicio Postal Universal, mediante dicha enmienda incluida a este texto legal por parte del grupo socialista en el Senado y que hoy fue aprobada con el apoyo del resto de formaciones, a excepción del PP, que se abstuvo. El Ministerio de Fomento se asegura así la posibilidad de realizar en 2011 importes a cuenta por 80,1 millones de euros a ocho sociedades concesionarias de autopistas de peaje que afrontan un riesgo de quiebra para compensarlas por la caída de tráfico que registran. Para que la enmienda quede definitivamente aprobada aún falta el visto bueno del pleno del senado, donde se votará el próximo 13 de diciembre, coincidiendo con el pleno de presupuestos, aunque teóricamente ya no se espera ningún cambio. El Gobierno ha tenido que recurrir a este giro parlamentario después de que el PP vetara la enmienda por la que se quiso añadir esta aportación a los Presupuestos Generales del Estado para 2011 del próximo año durante su tramitación en el congreso. Aunque el Gobierno pactó con CiU esta medida, que también cuenta con el respaldo del PNV, la posibilidad de que las cuentas públicas para el próximo año reciban el veto del senado ha obligado al PSOE a buscar otro camino para garantizar la entrada en vigor de las ayudas el 1 de enero de 2011. Las empresas concesionarias de autopistas que se beneficien del préstamo recogido en esta enmienda deberán devolverlo con intereses a lo largo del plazo de concesión, que oscila entre 20 y 40 años. Según la fórmula que se aplicará, las concesionarias con problemas de viabilidad económica -porque no llegan al 80% del tráfico inicialmente ofertado-, recibirán un anticipo de ingresos futuros por parte del Estado. Esta medida se aplicará durante un periodo de tres años, y para el primero, 2011, se va a destinar una cantidad de 80,1 millones de euros que computarán como déficit público. El Gobierno calcula que dentro de tres años se empezará a recuperar el tráfico, y, en consecuencia, la situación económica de las concesionarias. Para evitar que la totalidad de la inversión realizada en autopistas tenga una repercusión negativa en las cuentas del Estado se ha puesto un límite: no pagar más que la cantidad que las propias concesionarias ingresan a través del pago de peajes por parte del usuario. Las concesionarias en riesgo de quiebra y, por tanto, susceptibles de recibir parte de este importe son las de las autopistas radiales de Madrid, la que une la capital y el aeropuerto de Barajas, Cartagena-Vera, Madrid-Toledo, la circunvalación de Alicante y Ocaña-La Roda. Entre los titulares de estas concesiones figuran grupos constructores como Globalvía (FCC y Caja Madrid), Acciona, Abertis, Itínere, ACS y Ferrovial.
