La jueza del tribunal de Madrid encargada de investigar el caso de espionaje supuestamente ligado al gobierno regional, Carmen Valcarce, acordó ayer el sobreseimiento provisional y archivo de la causa. Alega que seguir a alguien no es un delito, salvo que se utilice la información que se obtenga tras el seguimiento para realizar chantajes o mancillar el derecho al honor. Además, la magistrada añade en su auto que no se ha podido acreditar que haya habido malversación de fondos o, lo que es lo mismo, que se haya utilizado dinero de los madrileños para que algún miembro del equipo de Esperanza Aguirre se dedicara a espiar, según se sospechaba, a políticos del PP como Alfredo Prada --exconsejero de la propia comunidad y afín a Mariano Rajoy-- o Manuel Cobo, mano derecha del alcalde madrileño Alberto Ruiz-Gallardón.

En la causa recién archivada estaban imputados tres exguardias civiles asesores de la consejería de Interior, el exdirector de seguridad de la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón, y el empleado público Manuel Pinto.

El vicealcalde Manuel Cobo consideró ayer, en su valoración del auto, que "lo que está probado, no se discute y la juez tampoco niega" es que hubo seguimientos por parte de la consejería que dirige Francisco Granados. En una nota difundida por el departamento de Cobo, el número dos de Ruiz-Gallardón entiende que los seguimientos por parte de personas que "no tenían ni competencia ni legitimidad" para llevarlos a cabo "son absolutamente reprochables y han sido probados". "Ahora bien --añade-- la calificación jurídica corresponde a la justicia, y la juez, con las dificultades del procedimiento, no ha podido determinar la cuantía que habría sido destinada indebidamente a esos seguimientos".

RECURSO SOCIALISTA Los socialistas madrileños, por su lado, manifestaron su desacuerdo con el archivo de este caso, por lo que ya han anunciado que presentarán un recurso en los tribunales. Exigen asimismo un pleno extraordinario sobre el caso.