El consejero de Interior, Rodolfo Ares, ha reconocido hoy que se está reorganizando el servicio de seguridad a las personas amenazadas por ETA en base a una evaluación de "riesgos", pero ha negado que esta medida esté relacionada con la posibilidad de una próxima tregua de la banda o que sea "un problema de ahorro".
De esta manera, Ares se ha referido a la denuncia de la Asociación de Escoltas del País Vasco, que ha criticado la retirada de protección a más de 50 cargos políticos, empresarios y periodistas vascos. Este colectivo ha expresado su preocupación por las razones que pueden estar motivando estos movimientos de seguridad, tras los que, a su juicio, "se podría encontrar un anuncio de tregua por parte de la banda terrorista ETA".
REORGANIZACIÓN
El titular de Interior ha enmarcado estos cambios en la "reorganización" que, de manera "permanente", se realiza en el servicio de protección. Hay señalado que "puede haber y, de hecho, hay personas que tenían una responsabilidad institucional o política o en empresas que ahora no la tienen". "Por lo tanto, en base a la evaluación de riesgos, lo que se hace es reorganizar el servicio para ser lo más operativos y prestar servicio en base al nivel de riesgo que cada una de las personas tiene teniendo en cuenta su situación actual", ha indicado.
El objetivo es ser "lo más operativos y eficaces" en los servicios que se prestan y ha precisado que, en algunos casos, se están implantando "otro tipo de servicios" o algunos complementarios al de escoltas.
TREGUA
El consejero ha inisistido en que esta reorganización no tiene "nada absolutamente que ver" con la posibilidad de una próxima tregua de ETA, tal y como ha apuntado la asociación de Escoltas. "Yo no voy a entrar en polémicas con nadie, comprenderán que desde el Ministerio del Interior y desde el Departamento de Interior no nos muevan posiciones de defensas particulares, sino que somos los que con más responsabilidad tengamos que analizar estas cosas", ha apuntado.
Tras asegurar que no van a facilitar "datos imprudentes", ha reiterado que están y estarán en contacto con los responsables de partidos políticos y distintos colectivos e instituciones para realizar estas evaluaciones "permanentes" de riesgo, así como, en su caso, con las personas afectadas.
Ares ha manifestado que es un tema "muy delicado" y por ello ha reclamado "responsabilidad" a los partidos políticos y todas las organizaciones profesionales o sindicales y que no distribuyan documentación que "no sea oportuno hacerlo".
