El presidente argentino, Néstor Kirchner, derogó ayer el decreto que impedía las extradiciones de militares acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura (1976-83). Kirchner siempre tuvo en mente erradicar esa prohibición, dispuesta por Fernando de la Rúa en 1999 tras una reclamación del juez Baltasar Garzón.
La nueva petición del magistrado de la Audiencia Nacional, el pasado 8 de julio, y la orden del juez argentino Rodolfo Canicoba Corral para que se detuviera a los 46 exrepresores incluidos en la lista que llegó de Madrid a través de la Interpol obligaron al Gobierno argentino a acelerar los tiempos políticos. "Se reafirma la decisión del poder ejecutivo que en el tema de extradiciones debe intervenir y resolver la justicia", explicó el ministro del Interior, Aníbal Fernández. El titular de Justicia, Gustavo Béliez, recordó que el decreto De la Rúa era "inconveniente" al vulnerar un tratado bilateral con España.
PRIMERAS DETENCIONES
El anuncio de la derogación se conoció poco después del mediodía, cuando ya habían sido detenidos algunos de los acusados por Garzón de "genocidio y terrorismo". Uno de ellos, un suboficial de la policía marítima, Juan Antonio Azic, intentó quitarse la vida. Otros detenidos son el exoficial de la Marina Alfredo Astiz, uno de los símbolos más negros de la represión, el almirante Armando Lambruschini, miembro de la segunda junta militar, el expolicía Ernesto Weber y Gonzalo Dalma Torres Tolosa, un civil que estuvo en la Escuela de Mecánica de la Armada, donde murieron miles de personas.
El general Antonio Bussi, que acaba de ganar la alcaldía de Tucuman, provincia que asoló en 1976, está en la misma situación. Varios exjerarcas, como Ramón Díaz Bessone --un ideólogo del terrorismo--, pidieron ser eximidos de prisión. Se espera que el fiscal Guillermo Marijuan ratifique la orden de Canicoba Corral.
