España es un país democrático, un Estado de derecho reconocido, y en el caso de que quepa un juicio a su pasado, se encargará de hacerlo sin intermediarios. Esta fue la actitud del Gobierno cuando la justicia argentina se propuso, en abril, investigar los crímenes del franquismo. Y es de suponer que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero mantendrá la misma actitud después de que el viernes la justicia argentina reabriera la investigación sobre los crímenes atribuidos a la dictadura y declarase nulo el archivo de la causa que, en mayo, dictó la jueza federal de Buenos Aires María Servini.
Un auto de la sala segunda de la Cámara Criminal y Correccional federal argentina, firmado por el magistrado Horacio Holando, solicita a España que informe de si está investigando los crímenes que tuvieron lugar entre el inicio de la guerra civil, en 1936, y las primeras elecciones democráticas tras la dictadura, en 1977, y que pueden atribuirse al régimen franquista.
El requerimiento obliga al Ejecutivo a pronunciarse y, como sucedió hace meses, fuentes gubernamentales apuntaron ayer como opción más factible la de apelar al principio jurídico internacional de subsidiariedad. Este principio sostiene que una cuestión como la que se discute debe ser resuelta por la autoridad más próxima al objeto del problema salvo cuando en ese país no se puedan garantizar los mínimos requisitos exigibles. Las mismas fuentes ven evidente que España cuenta con un sólido Estado de Derecho, lo que le blinda ante injerencias externas.
La decisión de la Cámara Federal argentina que anuló la orden de la jueza María Servini de archivar la denuncia de familiares de víctimas del franquismo fue saludada en Buenos Aires por organismos defensores de los derechos humanos y especialistas. Entre estas querellas se encuentra la interpuesta por la pacense Silvia Carretero, viuda de uno de los fusilados durante el régimen, José Luis Sánchez-Bravo. Ella misma también denunció las torturas que sufrió en Badajoz. A esta demanda se suma la interpuesta por Inés García Holgado, sobrina-nieta de un funcionario de Correos en Hervás, Luis García Holgado, y de un alcalde salmantino, Elías García Holgado, asesinados en 1937 en Baños de Montemayor.
LOS ANTECEDENTES Pablo Parenti, profesor de derecho penal internacional, consideró que el fallo del tribunal de apelaciones es correcto porque "exige analizar fehacientemente" si se dan o no los presupuestos para ejercer la jurisdicción universal en los delitos del régimen franquista. Y agregó: "Nada indica que España esté investigando estos hechos; por el contrario, existe un proceso para remover al juez Garzón, suspendido por pretender en su día investigarlos".
El pasado 14 de abril, la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de España, junto con familiares de víctimas de dirigentes asesinados y dirigentes locales, presentó en Buenos Aires las primeras denuncias. El fiscal Federico Delgado le recomendó a la jueza Servini desestimarlas alegando que en España existían causas en curso. Los querellantes apelaron.
Los jueces Horacio Cattani y Martín Irurzun consideraron entonces que un juez puede investigar el delito aunque el fiscal no impulse la instrucción del caso. A su vez cuestionaron los fundamentos de la negativa de Delgado y el hecho de que Servini los hiciera suyos pese a carecer esa postura "sustento suficiente".
La cámara ordenó a Servini a preguntar a las autoridades españolas "si se está investigando la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de su eliminación física, llevado a cabo entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977".
