El líder del PP, Mariano Rajoy, subió ayer a la tribuna para justificar la retirada de su apoyo en el proceso de paz. "Para romper toda relación" con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Rajoy se escudó en que el jefe del Ejecutivo "arrincona la ley y se mofa de la justicia". El primer obstáculo insalvable es la "legalización de hecho de Batasuna" que supone para el PP la autorización de las conversaciones con los aberzales. El segundo, que "la fiscalía del Estado es el abogado defensor de ETA".

Pero Rajoy dijo que lleva tiempo "dejando de lado cosas alarmantes" que no denunció para no "quebrar la marcha de los acontecimientos".

El dirigente conservador recordó que había oído que representantes socialistas y de Batasuna "han celebrado reuniones secretas durante años" para pactar "una especie de hoja de ruta", y aseguró que existía "la intención de formar dos mesas para la negociación", que el alto el fuego "no es definitivo" y que Zapatero, "o lo negaba o lo ocultaba".

El Estado de derecho, en su opinión, ha quedado "neutralizado" porque el PP constató "una manifiesta permisividad ante las ilegales actividades públicas" mientras el Gobierno "las disfrazaba de ejercicio legítimo de derechos individuales". También una "deliberada determinación de la Fiscalía para no apreciar delitos en la conducta de los investidos como interlocutores indispensables".

Rajoy hasta llegó a admitir que él ha sufrido "numerosas críticas por mantenerle el apoyo" y que no solo no ha "recibido respuesta" sino que el PP se enteró "gracias a que no está sordo" de que el PSE se propone contactar con Batasuna. Esto es "compartir con ETA el diseño del futuro de España y del País Vasco" porque se van a sentar "en una misma mesa, los apoderados de ETA y de Zapatero". Y sentenció: "Batasuna es una organización terrorista ilegal y nadie puede dialogar con ella ni con mesa, ni sin mesa".

Por ese motivo, el dirigente conservador acusó al jefe del Ejecutivo de "cumplimentar tres gestos" que los terroristas de la banda ETA le exigían: "arrinconar la ley de partidos, romper el pacto antiterrorista y mofarse de la sentencia del Supremo que ilegalizó a Batasuna".

Y le advirtió de que pondrá todo su empeño para que no se consume lo que juzga "un grave atentado contra el orden jurídico, la legalidad democrática, el Estado de derecho y la seguridad de los españoles".