El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado al expresidente de la Generalitat Artur Mas a dos años de inhabilitación por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) con la consulta del 9-N. En un fallo por unanimidad, los tres magistrados ha suspendido a la exvicepresidenta Joana Ortega por un año y nueve meses, y a la 'exconsellera' de Ensenyament Irene Rigau, a un año y seis meses también por el delito de desobediencia, pero en su caso como colaboradoras necesarias. Los tres acusados quedan absueltos del delito de prevaricación administrativa.
El presidente del TSJC y ponente de la sentencia, Jesús María Barrientos, ha procedido a la lectura de un fallo que rebaja considerablemente las penas que solicitaba la fiscalía, que eran de 10 años de inhabilitación por desobediencia y prevaricación, y de nueve años para Ortega y para Rigau como cooperadoras necesarias.
El fiscal Emilio Sánchez Ulled consideró que en el juicio había dejado claro que los acusados desobedecieron de forma "patente, clara y caprichosa" la suspensión del TC y que no solo siguieron con los preparativos --como los tres defendieron en el juicio--, sino que los intensificaron de forma determinante tras el veto. Por los mismos delitos está pendiente de sentencia del Tribunal Supremo el diputado de PDECat en el Congreso y entonces 'conseller' de Presidència, Francesc Homs, ya juzgado la semana del 27 de febrero por el alto tribunal y para quien la Fiscalía pide nueve años de inhabilitación.
"PLANTAR CARA AL GOBIERNO ESPAÑOL"
Durante el juicio Mas se declaró el máximo responsable de la consulta alternativa y insistió en que no ha cometido ninguna desobediencia. Así, replicó que la consulta alternativa tuvo como objetivo "plantar cara a un Gobierno español" que estaba impidiendo que los catalanes expresaran su voluntad. La exvicepresidenta, en su última intervención, siguió con el mismo discurso: "Dar la voz al pueblo no es un delito, ni un acto criminal", a la vez que repitió que lo que se juzgaba era "una actuación política de un Gobierno democrático". Irene Rigau se ciñó al discurso y afirmó: "No me puedo imaginar que a raíz de este juicio se inicie una involución democrática".
