Xabier Arzalluz enmarcó ayer el cierre judicial del diario en euskera Egunkaria en una estrategia del Gobierno de José María Aznar para suspender las elecciones municipales en Euskadi. Según el líder del PNV, "fontaneros" de la Moncloa estudian la fórmula legal para impedir a los vascos renovar sus ayuntamientos. Arzalluz opinó que las dificultades jurídicas que se están encontrando esos estrategas del Ejecutivo les han llevado a optar por "tensionar al máximo" a la sociedad vasca, con acciones como el cierre del rotativo en euskera.

El presidente del PNV aseguró hablar sobre bases fundadas, "no sobre humo de paja", mientras subrayó que "Aznar se está pasando". Y aunque no aportó prueba alguna, anunció un plante. "Hasta aquí hemos llegado", desafió, al tiempo que llamó a los afiliados del PNV para que respondan con "mayores compromisos y protestas" a las agresiones contra "las libertades".

CONSPIRACION

Acompañado de Joseba Egibar y Emilio Olabarria, Arzalluz apuntó que el grupo de allegados de Aznar que trabaja en esa conspiración incluye expertos en derecho y constitucionalistas.

Descartó que Basta Ya, que defiende que no se celebren comicios, actúe dirigida por la Moncloa. Pero atribuyó a Aznar idéntica intención que a ETA, cuando dijo que éste busca aprovecharse de la crispación de la ciudadanía y que ETA "también hará lo posible contra la sociedad". "Los extremos se tocan" sentenció. Arzalluz emplazó al PSOE a que aclare si durante la reunión del pacto antiterrorista del miércoles el PP le informó de que Egunkaria iba a ser cerrado. Y calificó como "gravísimo" que los socialistas pudieran haber dado el visto bueno a una operación que "lesiona la democracia".

Arzalluz acusó al Gobierno de creer que puede actuar en la más absoluta "impunidad". La contundencia del PNV contrastó con la cautela del líder socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que pidió "respetar" las resoluciones judiciales.

Por su parte, el Gobierno del País Vasco exigió ayer al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que investigue la posible "connivencia" o relación entre la Audiencia Nacional y el Ministerio del Interior, a raíz de la nota de prensa que, desde la Audiencia, se difundió el pasado jueves sobre el cierre de Egunkaria.