El expresidente del PNV Xabier Arzalluz negó ayer ante el juez que nadie de su partido haya intervenido como intermediario en casos de extorsión de ETA a empresarios. Arzalluz declaró como testigo ante Fernando Grande-Marlaska por la existencia de una grabación telefónica en la que el expresidente peneuvista pedía al dirigente de su partido Gorka Agirre que mediara por un empresario amigo que había recibido una carta de ETA en abril pasado. Al acabar, Arzalluz mostró su enfado con las últimas actuaciones judiciales, avisando que el PNV podría acabar por no acatar la Constitución.

Tras permanecer solo una hora y media ante el juez, Arzalluz hizo una defensa a ultranza de su partido. Dijo que los jueces intentan criminalizar al PNV --recordó el caso Atutxa o la investigación sobre la reunión de Ibarretxe con Batasuna-- y planteó: "Puede llegar el momento en que impugnemos la Constitución y no la acatemos".

Sobre la trama de extorsión, subrayó: "Ninguno de nosotros ha estado ni negociando ni rebajando cualquier tipo de extorsión". Y explicó que, "ante el miedo de mucha gente y de muchos empresarios del PNV", el partido aprobó una "ley interna por la que prohibía a cualquier afiliado pagar a ETA o a nadie so pena de expulsión".

CONVERSACION Fuentes judiciales dijeron que, tras la charla de Arzalluz con Agirre, este contactó con Joseba Elosua, uno de los detenidos de la trama de extorsión cuyas conversaciones telefónicas, hechas desde un bar de Irún que regentaba, fueron grabadas. Por eso el juez ha decidido imputar a Agirre.

El juez acude hoy a Bilbao para interrogar a Agirre, convaleciente de una operación. Arzalluz defendió ayer al dirigente del PNV al decir que su "preocupación" era, "más que la extorsión en sí", certificar la existencia del alto el fuego de ETA.

Según fuentes judiciales, el magistrado investiga a una quincena de empresarios extorsionados por ETA, cuyos nombres figuraban en documentos intervenidos por la jueza francesa Laurence Levert en octubre del 2004 tras la detención de Mikel Antza , máximo jefe de ETA. Esos empresarios fueron extorsionados desde el 2000 hasta el 2002 y se les pidió entre 6.000 y 24.000 euros.

Además, el juez investiga a otros empresarios que recibieron cartas de extorsión desde 1999, pidiendo cantidades de hasta 180.000 euros.

Por otra parte, los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial ampararon ayer al juez Grande-Marlaska por las críticas que ha recibido tras sus últimas decisiones, como la suspensión de la conferencia que iba a impartir Arnaldo Otegi el pasado lunes en el foro Tribuna Barcelona, copatrocinado por El Periódico de Catalunya.