Los jueces de Marbella tenían conocimiento desde octubre del 2005 de la existencia de servicios municipales paralelos, lo que pudo dar pie a la investigación. El entonces jefe de los servicios jurídicos, J.L.G.A., testificó que desde el 1998 Jesús Gil decidió prescindir de este gabinete y sustituirlo por letrados afines a Juan Antonio Roca. Este servicio se dedicó a conceder licencias según el plan urbanístico (PGOU) de 1998, rechazado por la Junta de Andalucía.
