El supuesto acuerdo entre el PNV, EA y ETA en 1998, que llevó a la creación de la Asamblea de Municipios (Udalbiltza) y el pacto de Lizarra no es un delito de colaboración con banda armada, según el juez de la Audiencia Nacional Félix Degayón.
La Asociación Víctimas del Terrorismo presentó el pasado 10 de diciembre una querella contra Xavier Arzalluz y Carlos Garaikoetxea, exdirigentes del Partido Nacionalista Vasco y de Eusko Alkartasuna, respectivamente, por colaboración con banda armada. El fiscal pidió al juez que rechazara esa demanda.
El juez asume la posición del fiscal y explica que el delito de colaboración con banda armada se comete cuando se pone a disposición de la organización medios para perpetrar actividades. Por eso, concluye el juez, la firma de un acuerdo, "en el caso de que éste efectivamente se hubiera producido", no puede considerarse delito.
LAS ACTIVIDADES El magistrado explica que ese acuerdo no puede entenderse como un acto "que facilite las actividades de la organización". Por contra, para el juez "el compromiso de crear una institución única y soberana" en el País Vasco, Navarra y el País Vasco francés, "no puede estimarse" como "un proceso insurreccional dirigido a favorecer las actividades" de ETA. Degayón reconoce que el supuesto acuerdo ha podido "constituir una coincidencia de planteamientos ideológicos" no punibles según la doctrina establecida por el Tribunal Supremo. Asimismo considera que "el compromiso" de esos partidos nacionalistas de "lograr acuerdos en torno a las necesidades básicas y mínimas no puede entenderse como asunción y menos aún favorecimiento de los actos de violencia".
Degayón también descarta que el PNV y EA desarrollaran alguna actividad para apoyar que ETA, a pesar de comprometerse a declarar una tregua, realizara tareas "para defenderse en caso de posibles enfrentamientos".
